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Denunciaron a jueza cipoleña que rechazó desalojar la toma de Labraña

La abogada del dueño de la chacra la denunció ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño de la función pública.

La abogada que representa al propietario de la chacra de barrio Labraña, usurpada el 27 de agosto pasado, denunció en el Consejo de la Magistratura a la jueza cipoleña Agustina Bagniole. Según expresó, la resolución fue arbitraria y pide que se investigue un mal desempeño de la función pública.

Se trata del predio denominado Kohan, al sur de la calle Lisandro de la Torre, donde se asentaron un centenar de familias. Según explicó la abogada Daiana Vázquez a LM Cipolletti, la denuncia la radicó ante el Consejo de la Magistratura de la provincia de Río Negro por entender que hubo un mal desempeño de la función pública en relación al rechazo de la medida cautelar pedida el 15 de septiembre en la que solicitó el desalojo del terreno.

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“Hay muchos elementos técnicos y legales, además de cuestiones lógicas del derecho, que no se respetaron. En la audiencia dejamos plasmadas muchas cuestiones con la consolidación del delito de usurpación, y cuestiones que con el tiempo resultaron todas concretas. Actualmente el predio usurpado cuenta con casillas precarias consolidadas, ingresaron materiales y nuevas personas, es decir, hay una consolidación del delito avalado por la resolución de la jueza Bagniole”, reclamó Vázquez en su denuncia.

“El argumento que utilizó la jueza en su fallo fue el estado de vulnerabilidad de la personas, cosa que no estaba acreditado en el expediente. Del relevamiento surgió que no tienen un estado de necesidad grave e inminente. Hay gente que tenía un techo dónde vivir, gente de otras provincias, y hasta una familia que armó 3 y 4 lotes; eso no es un estado de necesidad urgente. Hubo un error grave en su resolución, que como no pudo sostener, debió dejar la causa”, contó la abogada. Ahora la jueza a cargo es González Vitale.

toma labraña

Afirmó que con la decisión arbitraria de Bagniole, no fundada, hubo una pérdida del derecho de propiedad de la víctima.

“En la denuncia planteo que la resolución tiene connotaciones personales y políticas, algo prohibido por la Constitución Provincial. No tuvo imparcialidad y reconoce expresamente que no hay ninguna propuesta concreta por parte del Ejecutivo para que se cumpla el derecho habitacional y que los usurpadores no se van a ir. Encima, nos obliga a negociar”, explicó.

Dijo que su cliente, Miguel Kohan, es una persona mayor que quedó desahuciado y que no puede hacer más nada para rever la situación.

“No tiene ningún amparo por parte de la ley. Luego de rechazar el desalojo como medida cautelar, la jueza Bagniole se apartó de la causa y se excusó, obligándonos a negociar con los usurpadores arrogándose facultades que no le corresponde. Ahora tendremos que presentar los mismos argumentos a la nueva jueza para pedir el desalojo en la audiencia programada para el viernes”, contó Vázquez.

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