Vecina del barrio Labraña fue acusada por organizar tomas

La audiencia judicial de hoy ventiló todos los hechos de violencia que la Justicia le reprocha a una vecina del barrio Labraña. Se llama Natali Fernanda Ranquehue, tiene 33 años, y el pasado 29 de agosto llegó muy lejos para recuperar los celulares que la Policía le había secuestrado, con el fin de probar que la mujer instigó dos tomas nuevas sobre terrenos privados y reservados a la producción (la de Cervi y la de Kohan).

De acuerdo a la acusación fiscal, Ranquehue cometió una batería de delitos: usurpación en grado de instigación, incitación a la violencia colectiva, resistencia a la autoridad, coacción agravada, privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones leves calificadas por ser la víctima un oficial de la Policía y daños a un móvil policial.

Cinco hechos le reprocha la Justicia y el primero de ellos ocurrió poco antes de que se gestaran las tomas. La fecha todavía no se puede precisar. Según la hipótesis que abona la Fiscalía, Ranquehue organizó un grupo de personas para cometer el delito de usurpación, invadiendo la chacra de 10 hectáreas que tiene Miguel Ángel Kohan sobre la calle Lisandro de la Torre al final, previo cortar un alambre y ocupando la propiedad de manera masiva.

También se habría presentado como la interlocutora válida de la toma anterior, sobre terrenos de Cervi; pero dicha imputación es provisoria. Hay que ver si surgen evidencias que sustenten la acusación, sobre todo, de la apertura de los celulares.

Tras las tomas, la Policía llevó a cabo un allanamiento en la casa de Ranquehue, que contó con la autorización de la Justicia. El procedimiento se concretó el 29 de agosto, en horas de la mañana, y desencadenó una secuencia de cuatro hechos muy violentos por los cuales la imputada también resulta acusada.

Ese día, oficiales de la Comisaría Cuarta ingresaron a su domicilio y le secuestraron dos celulares, lo que desencadenó la furia de Ranquehue. Ella se resistió, atacó a los policías y convocó a otros vecinos para frustrar el procedimiento. Parte del personal policial logró retirarse a tiempo con los celulares, pero otros dos agentes quedaron atrapados en el domicilio de la mujer, donde fueron retenidos por un grupo de 15 personas que respondían a sus órdenes.

El mismo día, después de retirarse la Policía, personal de la Comisaría Cuarta fue atacado por Ranquehue y otras personas con un palo y la mujer intentó retener a dos agentes, amenazándolos con matarlos si no les entregaban los celulares. Por esa agresión, un efectivo sufrió lesiones leves.

Luego, la imputada inició una pedrada que dañó el parabrisa de un móvil, con la finalidad de recuperar los celulares. Pero tampoco lo logró. Volvió a liderar un grupo de personas, entre vecinos y familiares, que privó de la libertad a dos efectivos. De esta manera, impidieron que se fuesen hasta que llegó el jefe de la Regional V, Daniel Uribe, y el fiscal Matías Stiep. Mientras retenía al personal policial, los invitó a ingresar a su casa, les cerró la puerta, y otra persona desde el exterior de la vivienda, comenzó a amenazarlos. "De acá no se va nadie si no me entregan el teléfono", les dijo.

Uribe quiso dialogar, pero su intento fracasó. Stiep tampoco pudo, y en medio de una extrema tensión, lograron retirarse con los oficiales. Se les intento explicar que el allanamiento había sido ordenado por la Justicia, pero no hubo forma. Ranquehue lanzó otra amenaza: "Ahora la gente va a tomar todas las tierras y no le conviene al policía (se supone que referenció a la consigna que custodia los terrenos ocupados)". Todo ello, con el propósito de que le devuelvan los celulares.

Para sostener la acusación, la Fiscalía cuenta con los testimonios de varios policías, los fiscales Matías Stiep y Gustavo Herrera, y del perito que realizó la apertura de los celulares, además de fotografías y de un video que muestra el ataque a piedras.

Por la Fiscalía, estuvo presente Giovanna Mora. Juan Pablo Piombo ejerció la defensa oficial y no tuvo objeciones que hacer. Pero solicitó que cuando los teléfonos estén disponibles, se los reintegren a la imputada. En el caso también interviene la jueza Agustina Bagniole.

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La mujer señalada como instigadora y organizadora de la toma no ocupó ninguno de los lotes. Las tierras que fueron usurpadas están compuestas por alrededor de 10 hectáreas y son propiedad de Kohan, un productor de Cipolletti que había adquirido el terreno para un emprendimiento productivo hace más de cinco años, pero que no lo pudo llevar a cabo.

Ahora, nueve de esas hectáreas fueron tomadas por un centenar de familias y sólo quedó a resguardo una parcela donde están la casa del hermano de Kohan, junto con un depósito de maquinarias de empresas petroleras.