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Le dijeron que no al violador que pidió domiciliaria

El juez de Ejecución local tuvo presentes el grave delito y los informes negativos relativos al detenido.

Por Gustavo Arroyo - arroyog@lmneuquen.com.ar

Después de una audiencia virtual intensa, donde la defensa apuntó a la situación de supuesta vulnerabilidad de su representado, el juez de Ejecución Penal de Cipolletti se pronunció de forma negativa a un pedido de prisión domiciliaria. De esta forma, un hombre que está condenado por la violación de una niña continuará tras las rejas en el Establecimiento de Ejecución Penal 5.

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El preso, identificado como Mario Aranda, hizo la solicitud a través de un abogado particular aprovechando la particular situación que se da en el marco de la cuarentena y una seguidilla de recursos impulsados por internos de distintas cárceles de la región y el país. En este caso, el violador hizo hincapié en su edad, más de 60 años, e hipertensión.

En primera instancia, tuvo oportunidad de pronunciarse el Ministerio Público Fiscal y sus representantes se opusieron de manera rotunda. Antes, también había sido consultada la víctima, que hoy es mayor de edad y mostró su indignación ante la posibilidad de la liberación de quien la violó, precisaron fuentes judiciales.

Finalmente, la defensa se apoyó en la situación de emergencia derivada del coronavirus y los presuntos riesgos de salud que corre su cliente permaneciendo alojado en una cárcel.

Ante las exposiciones de las partes, el titular del juzgado de Ejecución cipoleño, Lucas Lizzi, hizo un repaso de las circunstancias principales que se tienen presentes en estos casos: médica, social y psicológica. En lo que se refiere a los informes penitenciarios, todo resultó en contra de Aranda: lejos de reconocer el grave delito cometido y sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento, los profesionales coincidieron que no estaba en condiciones de irse a su casa.

Otro elemento destacado que se tuvo en cuenta fue que el domicilio donde cumpliría el castigo está integrado por dos menores.

Lizzi hizo un repaso de distintos elementos, recordó la oposición de la víctima a cualquier tipo de beneficio, el resto de la pena que le queda por cumplir al condenado –más de 8 años- y un evidente riesgo de fuga más allá de un monitoreo electrónico.

Con esta nueva resolución, el juzgado de Ejecución local exhibe su estricto criterio al momento de definir el posible otorgamiento de beneficios a los presos.

Un minucioso análisis de los reclamos

El Juzgado de Ejecución 8 de Cipolletti, sin mucho ruido, mantuvo un criterio ecuánime durante la cuarentena a la hora de resolver los pedidos de los presos que utilizan la excusa del COVID-19 para reclamar un cambio en la modalidad de las preventivas que cumplen en el Establecimiento de Ejecución Penal 5.

Por su parte, los defensores tienen la posibilidad de recurrir a una segunda instancia y que se revisen las resoluciones adoptadas por el juez Lucas Lizzi.

La semana pasada, un condenado a 18 años de cárcel, también recibió una respuesta negativa.

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