Faltan un televisor smart y 107 hormas de queso

Por el faltante de un televisor smart de 48 pulgadas, que no ha sido posible encontrar hasta ahora, por el incierto destino de 107 hormas de queso que fueron retiradas para enviarlas a escuelas cuando habían terminado las clases y, principalmente, por el déficit y la presunta malversación de fondos que debían utilizarse en la repavimentación del barrio San Pablo, el Municipio podría definir el inicio de acciones legales contra el ex intendente Abel Baratti y otros funcionarios de su administración.

Según pudo conocerse ayer, el abogado Julio Tarifa, asesor legal de la comuna, todavía no terminó el dictamen que presentará al actual titular del Ejecutivo local, Aníbal Tortoriello, sobre el legado de la pasada gestión.

Fuentes consultadas señalaron, sin embargo, que el letrado sería del parecer de concretar acciones en la Justicia, ya que habría suficientes elementos probantes y de convicción para investigar y buscar el esclarecimiento.

Tarifa tendría la intención de comunicar su postura escrita a más tardar el viernes, tras lo cual sería exclusivo resorte del intendente la decisión de recurrir, o no, a los estrados judiciales.

Los trascendidos indican que el asesor consideraría, como punto destacado para denunciar, el problema de la violación de la Carta Orgánica Municipal, que prohíbe expresamente el déficit en las cuentas públicas, pese a lo cual el gobierno de Baratti dejó un rojo en las cuentas públicas de más de 43 millones de pesos.

Además, contemplaría las incógnitas existentes por el desvío de los 11 millones que había remitido Provincia expresamente para las obras de pavimentación en el San Pablo y que, sin embargo, fueron a pasar a la cuenta de gastos generales del Municipio.

16 millones de pesos se gastaron sin autorización.

Tal el monto presuntamente sin explicar que dejó la gestión pasada del Municipio y que fue determinado por el contralor Horacio Schlichter en su informe ante el Concejo Deliberante.

Este punto ha alcanzado gran repercusión, ya que hasta hoy los trabajos en el barrio siguen sin concretarse, a pesar del gran deterioro de muchas de las calles que deberán ser mejoradas.

Otro asunto que evaluaría Tarifa se basaría en la diferencia que podría haber entre lo realmente ejecutado y los gastos que se afirma insumieron las tareas en la pista de atletismo de la comuna. Al parecer, los 8 millones de pesos que habrían insumido las labores no se condicen con lo que efectivamente hay a la vista de todos.

Llevar la situación a la Justicia es una decisión política que solamente Tortoriello puede tomar, pero los elementos jurídicos disponibles conformarían un plexo considerable.

Decisión política y respaldo partidario

Hasta ahora, el gobierno de Aníbal Tortoriello ha amagado con la posibilidad de enjuiciar a su antecesor Abel Baratti. Para hacerlo, contaría con el respaldo nacional de su partido, el PRO, que ha aconsejado a todas las instancias estatales que denuncien las presuntas irregularidades de pasadas administraciones. A la vez, dispone del antecedente de lo ocurrido en la vecina localidad de Fernández Oro, cuyo intendente Mariano Lavin empezó acciones legales contra su predecesor Juan Reggioni.