El MTD resiste juicios

Ayer finalizaron las indagatorias contra manifestantes procesados por las protestas contra el intendente Aníbal Tortoriello. Declararon en la Fiscalía tres habitantes del asentamiento Auka Liwen, acusados de coacción agravada por un piquete.

La última audiencia fue acompañada por una marcha de militantes sociales del Frente Darío Santillán, que reiteraron su rechazo al proceso judicial que “criminaliza” la protesta social. Luego de concentrar en la plaza San Martín, caminaron hasta la Fiscalía, apoyando a los denunciados.

Uno de ellos, Sabino López, indicó que la denuncia por la que se los acusó por el delito de coacción agravada fue realizada por un miembro de la empresa de Tortoriello cuando se manifestaron cortando la calle pública 225, que la compañía utiliza para el ingreso de los camiones. “Hoy pudimos tener en mano el expediente y supimos que la denuncia fue realizada desde la misma empresa, diciendo que impedimos el ingreso a la planta. Pero lo que explicamos es que el corte se realizó en una calle pública, que la misma empresa tomó y la privatizó para el uso particular con un portón de hierro”, expresó López.

Según el militante, la denuncia es grave porque, además de criminalizar la protesta, los datos para la identificación de los manifestantes fueron aportados por el titular de Juntas Vecinales del Municipio a través de los legajos de Acción Social, que deben ser confidenciales. “Esta información se debía utilizar para trámites de subsidios y acción social. Sin embargo, el funcionario los entregó para que se lleve adelante la denuncia de un particular e iniciar causas a los compañeros que protestaron por la comida de los comedores comunitarios”, relató el militante.

Según explicaron, la denuncia por coacción agravada fundamentó que el corte en el acceso afectó el normal funcionamiento de la empresa de transporte y provocó pérdidas económicas, “por más que existía un camino alternativo lindante a la Ruta 22”.

Aseguraron que van a luchar para la absolución de todos los cargos porque una condena marcaría un precedente para judicializar la protesta social que la democracia reconoce como derecho a todos los ciudadanos .

3 militantes declararon ayer en la Fiscalía. Las denuncias por las protestas de los comedores serían dos. Una por la manifestación en el Municipio y otra por el bloqueo frente a la firma del intendente. Con el cierre de las indagatorias, la Justicia deberá resolver si lleva a juicio a los militantes.