El gobierno nacional apoya la regularización de tomas

El respaldo se dio en la Mesa de Barrios Populares, reunida en Cipolletti.

El gobierno nacional apoyará decididamente los procesos de regularización de los asentamientos de Cipolletti y de todo el país y procurará darle protagonismo a la Mesa Nacional de Barrios Populares y a las organizaciones sociales que representan a los miles de familias que viven en las barriadas sin urbanizar.

En la administración del presidente Alberto Fernández, se avanzará en lo pautado por la ley nacional 27.453 de 2018, en la que se prevé la normalización dominial y la ejecución de obras de infraestructura en los sectores poblacionales incluidos en la iniciativa y que suman unos 4.400 a lo largo y ancho de la Argentina.

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Así lo expresó Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio-Urbana, dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, quien estuvo el fin de semana en Cipolletti para participar del Encuentro de la Mesa de Barrios Populares, al que asistieron más de 120 personas pertenecientes a organizaciones y tomas de 10 provincias.

Estuvieron también referentes del Foro por la Tierra y la Vivienda, anfitrión y promotor de la reunión; de las entidades Cáritas y Techo; del Movimiento de Trabajadores Excluidos; la Corriente Pueblo Unido; el Frente Darío Santillán; la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie.

“Ha sido muy importante la reunión de la Mesa Nacional de Barrios Populares. Pude apreciar en Cipolletti el gran trabajo realizado por Lilia Calderón y muchos militantes”, afirmó Fernanda Miño

Miño destacó el compromiso de su área y de la titular del Ministerio, María Eugenia Bielsa, para atender las necesidades de regularización, en un contexto sumamente complejo por los problemas económicos y sociales heredados de la gestión macrista. "Tenemos por delante un desafío nada fácil, al contrario, muy difícil por el desastre en que han dejado al país", enfatizó, la funcionaria, quien tiene una larga militancia barrial, además de haber sido concejal del distrito de San Isidro.

El plan maestro ya previsto tiene un horizonte de 12 años y en él están puestas las expectativas de los miles de familias contempladas por la ley e incluidas en el Registro Nacional de Barrios Populares. El actual gobierno nacional dio un paso significativo al destinar un 30 por ciento del impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) a la iniciativa regularizadora.

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