Diputada rionegrina quiere eliminar la categoría "sexo" en los documentos argentinos

La diputada por Río Negro, Silvia Horne, junto a la Federación Argentina LGBT presentaron el proyecto en la Cámara de Diputados. Dicen que se trata de información que ya no tiene ninguna utilidad. Además, será el primer proyecto redactado en lenguaje inclusivo.

La diputada rionegrina, Silvia Horne (PPV), presentó un proyecto de ley para eliminar la categoría “sexo” en documentos de la República Argentina. Explicó que el objetivo es proteger la diversidad corporal, y afirma que esa información no tiene ninguna utilidad real.

La diputada de Peronísmo Para la Victoria junto a la Federación Argentina LGBT presentó el "Proyecto de Ley contra la asignación sexual compulsiva: eliminación de la categoría “sexo” en documentos y protección de la diversidad corporal" (Expediente N° D 7073/18), que elimina la categoría de "sexo" de cualquier documento público o privado, y garantiza la integridad, la autonomía y la diversidad corporal de todas las personas frente a intervenciones médicas destinadas a modificar sus características sexuales para adecuarlas a los estándares de asignación sexual o “normalidad”.

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El proyecto toma como iniciativa otros casos ya trabajados en la Ciudad de Buenos Aires para reconocer otras identidades autopercibidas. Además, se trataría de la primera ley redactada con lenguaje inclusivo en el país.

"La finalidad de la presente ley es garantizar el derecho a la intimidad, la autonomía, la autodeterminación, la integridad y la diversidad corporal de todas las personas, en especial de aquellas que son vulneradas por la discriminación, bajo pretexto de que sus cuerpos no hegemónicos varían de normas construidas sobre la base de una falsa noción de sexo. El Estado debe respetar el género autopercibido de acuerdo a cómo cada persona lo siente. El proyecto busca seguir avanzando sobre las bases que fueron ya establecidas en el 2012 por la Ley de Identidad de Género y es por ende una cuestión de justicia social, de derechos, de libertad. Es una iniciativa para seguir construyendo un mundo más igualitario para todas las personas", expresó Silvia Horne.

El Estado debe respetar el género autopercibido de acuerdo a cómo cada persona lo siente.

“Así como en algún momento figuraba en los documentos personales la religión o el color de la piel y en la actualidad ya no es así, el sexo debe dejar de ser un dato requerido en documentación pública y privada. Dicho registro ya no ofrece ninguna utilidad real. Esta aceptada y generalizada práctica, bajo el examen de los instrumentos internacionales de derechos humanos, resulta una injerencia irracional, ineficaz y, por lo tanto, inaceptable. Y más aún, las prácticas médicas que se realizan, bajo el pretexto de las características sexuales de una persona, cuando son sometidas al examen de las normas constitucionales que protegen el derecho a su diversidad corporal e integridad física, adquieren dimensiones trágicamente absurdas”, relató Marcela Romero, presidenta de la Federación Argentina LGBT.

Dicho registro ya no ofrece ninguna utilidad real.

Por su lado, María Rachid, dijo que "la asignación jurídica y registral de un sexo es inexacta, falsa, irrelevante jurídicamente, arbitraria, invasiva, discriminatoria, inútil y confusa. A su vez, es nociva por ser funcional a vulneraciones de derechos y de actos discriminatorios. Lo mismo ocurre con la práctica extendida de registrar compulsivamente dicha información en las bases de datos públicas y privadas. Es importante destacar que, salvo medidas de acción afirmativa, no existe trato desigual basado en el género en nuestro ordenamiento jurídico. Y estas medidas, como el caso del cupo femenino, la edad jubilatoria o dispositivos contra la violencia de género (como en el caso del no femicidio o de la Ley Nº 26.485), son precisamente para lograr la igualdad de oportunidades y de trato. Estos pocos casos excepcionales, que bien pueden resolverse con declaraciones juradas ad hoc, no justifican todo el andamiaje jurídico para portar de manera visible pretendidos datos sobre las características sexuales de una persona”.

La asignación jurídica y registral de un sexo es inexacta, falsa, irrelevante jurídicamente, arbitraria, invasiva, discriminatoria, inútil y confusa.

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