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Reclaman más de 200.000 millones de pesos para obras en los barrios populares del país

Diversas organizaciones le están exigiendo al gobierno nacional que destine a obras en los barrios populares más de 200.000 millones de pesos del ex FISU.

Del ex Fondo de Integración Socio Urbana de la Nación (FISU) quedaron más de 200.000 millones de pesos que se encuentran retenidos por el gobierno nacional y que deberían destinarse a la realización de obras en los barrios populares. El FISU fue cerrado por la administración mileísta en 2025. Pero la plata disponible debería aplicarse para lo que fue recaudada.

Es el planteo que están efectuando en la actualidad una serie de organizaciones que procuran la reactivación de más de 700 obras paralizadas en distintas barriadas del país.

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Entre otras consecuencias negativas, figura la interrupción de los trabajos de mejora de las viviendas de 11.000 mujeres, en el marco del programa nacional Mi Pieza.

MARCHA POR OBRAS BARRIOS POPULARES EN BUENOS AIRES
Organizaciones barriales, sociales, religiosas y diversas entidades están reclamando que el Estado destine más de 200.000 millones de pesos del ex FISU para obras en barrios populares. Recientemente, se movilizaron en Buenos Aires. Y podrían repetirlo en todo el país.

Organizaciones barriales, sociales, religiosas y diversas entidades están reclamando que el Estado destine más de 200.000 millones de pesos del ex FISU para obras en barrios populares. Recientemente, se movilizaron en Buenos Aires. Y podrían repetirlo en todo el país.

La necesidad de utilizar los millones acumulados por el Estado ha surgido como una exigencia ante la inminente desaparición de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SSISU), que ha sido históricamente la responsable de la utilización de los montos que ingresaban al ex FISU.

La repartición depende del actual súper Ministerio de Economía de la Nación. Específicamente, de la Secretaría de Obras Públicas. Lo de súper Ministerio alude a la enorme cantidad de reparticiones que tiene a su cargo, entre ellas, las secretarías de Transporte y de Asuntos Nucleares. En total, 17 secretarías, además de ocho organismos.

Asomarse al organigrama de Economía permite comprobar que la reducción y achicamiento del Estado proclamados por el actual gobierno nacional en realidad ha constituido, más bien, una desjerarquización del rango de muchas áreas, como Obras Públicas, que antes fue un ministerio. Viendo los muy exiguos trabajos públicos impulsados por la actual gestión, se entiende el porqué.

Bajó de Secretaría a Subsecretaría

En el caso de la actual SSISU, su rango de Subsecretaría fue ordenado por el gobierno del presidente Javier Milei, ya que, durante la administración de su predecesor, el ex presidente Alberto Fernández, alcanzó el nivel de Secretaría y su sigla, por tal motivo, era SISU.

La dirigente cipoleña Lilia Calderón se ha convertido en una de las referentes principales de la MNBP y, como tal, ha participado en recientes reuniones de alcance nacional en busca de evitar el cierre de la SSISU.

Así, ha compartido conversaciones con representantes de Cáritas Argentina, entre los que se contó su titular, el arzobispo de la Iglesia Católica, Gustavo Carrara; el director ejecutivo de la organización TECHO, Juan Maquieyra; y portavoces de un amplio número de organizaciones e instituciones del país.

Más de 200.000 millones de pesos

Calderón manifestó este martes que los más 200.000 millones de pesos permitirían avanzar y concluir en muchos casos los centenares de obras que en el presente están frenadas en los barrios populares de la Argentina.

Destacó la utilidad y los beneficios para los sectores más vulnerables de la población ha traído aparejado el funcionamiento de la ahora conocida como SSISU, al que el gobierno nacional quería dar de baja a fines de febrero, pero que, merced a la movilización y a las gestiones de la MNBP, de TECHO, Cáritas y muchas otras organizaciones, se logró suspender por lo menos hasta abril venidero.

BARRIOS POPULARES CONFERENCIA PRENSA BUENOS AIRES
Hace unos días, brindaron una conferencia de prensa el arzobispo Gustavo Carrara, presidente de Cáritas Argentina; Fernanda García Monticelli, ex funcionario de la SSISU; Lilia Calderón, referente de los barrios populares; y Juan Maquieyra, dirigente de TECHO.

Hace unos días, brindaron una conferencia de prensa el arzobispo Gustavo Carrara, presidente de Cáritas Argentina; Fernanda García Monticelli, ex funcionario de la SSISU; Lilia Calderón, referente de los barrios populares; y Juan Maquieyra, dirigente de TECHO.

Además de las consecuencias negativas para las barriadas, el cierre de la SSISU significaría que 300 empleados de la repartición se quedarían en la calle, con los dramáticos perjuicios sociales y familiares resultantes.

Calderón expresó que con la asunción presidencial de Milei "no se pagaron los avances de obra" en todo el país, incluido trabajos en Cipolletti. A través de denuncias judiciales, "logramos destrabar algunos. Pero, en general, casi nada. Y hasta acá, estamos a la espera".

En estos días, se está gestionando y reclamando que "sigan trabajando los empleados" de la SSISU, lo que está evaluando el gobierno nacional. Podría ser que la repartición sea rebajada aun más de rango, pero todavía no hay nada claro. "Nos mandan a hablar con la gente de Obras Públicas, que también depende de Economía", indicó.

Movilización y reuniones con funcionarios

Después de participar, en días recientes, de una movilización a Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, de una conferencia de prensa nacional, también en la Capital Federal, y de una asamblea con los trabajadores de la SSISU, Calderón y otros referentes sociales e institucionales consiguieron reunirse con funcionarios de la cartera económica.

"Nos reunimos con cuatro personas del Ministerio de Economía, que nos dijeron que están ahora a cargo de la situación, pero que todavía no tienen armado el circuito de su actividad ni tienen previsto pagos para obras. Dicen que tienen que revisar lo que está pendiente. Nosotros les dijimos que revisen lo que quieran, pero que paguen", destacó la dirigente.

Sin embargo, parece que es el propio ministro de Economía, Luis Caputo, el que está trabando la utilización del monto acumulado por el ex FISU y no tendría intención de ponerlo a disposición de la tambaleante SSISU, debido a las necesidades de financiamiento del Estado nacional.

Billones para los anglosajones

"Se habla de que son más de 200.000 millones de pesos", lo que equivale en el sistema numérico anglosajón a 200 billones, en este caso, de la moneda nacional.

Sea el sistema que se utilice, y acá se prefiere, por supuesto, al rige en estas pampas, se trata de un monto enorme. "Es una cifra importante y esa plata tiene que ser para hacer obras. No puede tener otro fin que no sean las obras en los barrios populares, porque se juntó para eso", recalcó la dirigente, quien no descartó que las movilizaciones recientes por el tema, focalizadas en Buenos Aires, se repliquen en el interior de la Argentina.

El extinto FISU fue creado por ley en 2019, con parte de la recaudación que se obtenía con el Impuesto País, cuya vigencia caducó en enero pasado. En determinado momento, también recibió una inyección económica del llamado Aporte Solidario y Extraordinario, creado por ley y conocido como "impuesto a la riqueza". Se trató de un ingreso efímero, pues el aporte a los más ricos se aplicó en una sola ocasión.

Regularización e integración socio urbana

Tanto el FISU como la SISU y su sucesora actual SSISU surgieron como consecuencia de la aprobación, en 2018, de la ley nacional 27453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. Gobernaba entonces el ex presidente Mauricio Macri.

A partir de la normativa, se formalizó el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que había sido conformado por decreto en 2017. En sus inicios, había registrados más de 5.000 barrios populares de la Argentina. Ahora, el número asciende a más de 6.400. En Cipolletti, son varias decenas y hay cinco que esperan ser incluidos en el Renabap.

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