No quieren más candidatos peronistas designados a dedo

Se empiezan a palpitar las elecciones legislativas nacionales de 2025 y la postulación de candidatos genera reuniones de relieve en distintos sectores de la oposición. Como el reciente encuentro que compartieron, entre otros, el titular de ATE y líder del partido Unidad Popular, Rodolfo Aguiar, y la ex candidata a gobernadora y referente de Vamos por Todos, Silvia Horne.

Así, según consigna un pronunciamiento público, Aguiar y Horne coincidieron en que en los comicios del año que viene "el peronismo debe elegir candidatos de forma democrática y transparente”. En la provincia, estarán en juego los tres cargos para el Senado y dos para la Cámara de Diputados.

En la reunión de los destacados referentes, participaron también la diputada provincial Ayelén Spósito, el líder provincial del partido Somos, Mateo Canosa, y el dirigente del espacio peronista Comunidad Organizada, Jaime Arce.

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En 2025, habrá elecciones legislativas para cargos nacionales. Los referentes Rodolfo Aguiar, sindicalista y político, y Silvia Horne, ex candidata a la gobernación, coinciden en las condiciones para postular los candidatos del peronismo en Río Negro.

Según se dio a conocer, Aguiar sostuvo que "las elecciones legislativas deben servir para ponerle un freno al brutal ajuste de Milei”, en tanto que Horne fue categórica en destacar que "no más el dedo para elegir ni el centralismo porteño para armar las listas locales".

Para ambos y para los otros participantes de la conversación el peronismo debe elegir a sus candidatos para las elecciones legislativas 2025 de forma "democrática y transparente".

Tal sería el mejor camino para convertirse en la alternativa opositora a La Libertad Avanza, el Pro y otras fuerzas políticas oficialistas o muy amigables en relación con el actual gobierno nacional del presidente Javier Milei.

Freno al ajuste de Milei

Para Aguiar, “las elecciones legislativas deben servir para ponerle un freno al brutal ajuste de Milei. Las elecciones de medio término se van a dar en un contexto de regresión económica y social que no solo genera un daño irreparable en amplios sectores de trabajadores y a la clase media, sino que destruye todo el sistema productivo. Eso tiene que cambiar".

El sindicalista y político rionegrino de proyección nacional sostuvo que "la Ley Bases contiene disposiciones antiobreras y el Pacto de Mayo genera un clima reaccionario que sólo aprovecharán los grandes empresarios y generará consecuencias graves para toda la sociedad".

Agregó también que "a la luz de los acontecimientos que nos han tocado vivir, la única certeza que tenemos es que este presente oscuro no se supera con las viejas prácticas políticas”.

Ni elecciones amañadas ni acuerdos espurios

En tanto, Horne, de larga trayectoria en el peronismo rionegrino, cuestionó la designación a dedo de los candidatos y el centralismo porteño en que esto se basa. Por eso, "no más elecciones amañadas, estatutos truchos, ni acuerdos espurios. Los candidatos deben surgir de elecciones internas abiertas, con transparencia y reglas acordadas entre todos los partidos de la coalición para apuntar a nuevas representaciones, jóvenes, frescas".

A la luz de estas definiciones, la referente consideró que la reunión con los otros dirigentes "fue un intercambio ganancioso entre actores que pueden ayudar a salir del pantano y de la entrega, hacia un modelo con justicia social para Río Negro”.

Barajar y dar de nuevo

Por su lado, Canosa afirmó que, en su opinión, "tenemos que barajar y dar de nuevo" y, en este sentido, "la mejor autocrítica que podemos hacer es tener en 2025 candidatos que promuevan un Estado presente, moderno, eficaz y eficiente, que defiendan la soberanía nacional, que crean en una Argentina federal y, fundamentalmente, que sean consecuentes entre lo que dicen y lo que hacen”.

En cuanto al contexto en que se encuentra el país, coincidieron en evaluar muy negativamente las consecuencias las consecuencias de los primeros nueve meses de gestión del presidente Milei, con despidos y suspensiones en la actividad pública y privada, y su incidencia perjudicial en materia laboral y salarial para los trabajadores formales e informales.