La amenazaron con un arma en el estómago: dos acusados de un brutal asalto seguirán presos

La Justicia de Cipolletti formuló cargos contra dos hombres acusados de protagonizar un violento robo a mano armada en un comercio de la ciudad. Ambos permanecerán detenidos con prisión preventiva mientras avanza la investigación penal.

El episodio ocurrió el pasado 26 de octubre, cuando los sospechosos ingresaron a un minishopping ubicado sobre calle La Esmeralda. Allí, amenazaron con un arma de fuego a la empleada y sustrajeron distintos elementos de valor.

Durante la audiencia judicial, la fiscal Alejandra Altamira expuso las circunstancias del asalto y presentó las evidencias recolectadas. La acusación sostiene que los imputados actuaron de manera coordinada, con un acuerdo previo y distribución de tareas.

La amenazaron con un arma y la llevaron hasta el baño

Según la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 16:20, cuando los dos hombres ingresaron al establecimiento comercial y uno de ellos exhibió un arma de fuego.

El acusado que portaba el arma apuntó directamente contra la trabajadora y la obligó a trasladarse hasta el baño del local. Una vez allí, le colocó el arma en el estómago y la amenazó.

Mientras la víctima permanecía reducida bajo amenazas, el segundo involucrado comenzó a recorrer el comercio para apoderarse de distintos elementos. La maniobra permitió que ambos concretaran el robo sin que la empleada pudiera intervenir.

Entre los objetos sustraídos se encontraban dinero en efectivo de la caja registradora, atados de cigarrillos, golosinas y un teléfono celular Samsung perteneciente a la trabajadora que fue víctima del violento episodio.

La fiscalía consideró que ambos actuaron como coautores del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, calificación presentada durante la audiencia.

Estefania Petrella

Las cámaras de seguridad y los allanamientos, claves en la investigación

Para respaldar la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentó diferentes elementos probatorios recolectados después del asalto. Entre ellos se encuentran las actuaciones realizadas por efectivos policiales de la Unidad 32 de Cipolletti.

También se incorporaron la denuncia penal presentada por la damnificada y los registros de las cámaras de seguridad del comercio, que permitieron avanzar con la reconstrucción de los movimientos realizados durante el robo.

Otro elemento considerado fue el identikit elaborado por el Gabinete de Criminalística, junto con fotografías de los legajos prontuariales de los sospechosos y los informes correspondientes a la inspección ocular del establecimiento comercial.

La investigación incluyó además allanamientos en domicilios vinculados con los acusados. Uno de esos procedimientos arrojó resultados positivos, ya que los investigadores secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el asalto.

La fiscalía sumó los informes de antecedentes del Registro Nacional de Reincidencia y destacó que uno de los imputados cuenta con antecedentes penales computables, circunstancia que también fue mencionada durante la audiencia.

La defensa cuestionó las pruebas y pidió medidas alternativas

La defensora oficial adjunta Alfonsina Stular, representante de ambos acusados, se opuso a la formulación de cargos y solicitó al juez que rechazara el planteo presentado por la representante del Ministerio Público Fiscal.

Entre sus argumentos, señaló que todavía no se realizaron pericias para comparar los registros fílmicos con los datos biométricos de los imputados. También advirtió que existen rastros recolectados que aún no fueron contrastados.

La funcionaria judicial consideró que la acusación resultaba prematura porque todavía quedan medidas probatorias pendientes. En ese sentido, sostuvo que resulta necesario efectuar un análisis objetivo y científico antes de avanzar con determinadas conclusiones.

Respecto de la prisión preventiva, la defensora cuestionó su proporcionalidad y recordó que constituye una medida excepcional. Además, adelantó que durante el proceso buscará demostrar que sus asistidos no fueron autores del hecho investigado.

Como alternativa a la detención, propuso establecer una prohibición de acercamiento al comercio y a la víctima, acompañada por la utilización de dispositivos de monitoreo electrónico para garantizar el cumplimiento de las restricciones judiciales.

Cuatro meses de prisión preventiva para los acusados

La fiscal Altamira, por su parte, insistió en la necesidad de mantener detenidos a los sospechosos. Fundamentó su pedido en la existencia de riesgo de entorpecimiento de la investigación, mientras continúan las medidas probatorias pendientes.

Después de escuchar los argumentos de ambas partes, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel resolvió admitir la formulación de cargos y habilitar formalmente la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.

El magistrado también hizo lugar al pedido de la fiscalía y dispuso la prisión preventiva de ambos imputados durante cuatro meses, el mismo período establecido para desarrollar la investigación y reunir nuevas evidencias.