Causa certificados truchos en Río Negro: cómo nació la investigación interna que descubrió el fraude de los 120 estatales

La escandalosa causa por la presentación de certificados truchos para justificar licencias médicas dentro de la administración pública de Río Negro sumó un frenazo logístico en los tribunales, pero puso bajo la lupa el exhaustivo rastreo administrativo que originó el expediente.

La investigación, que hoy tiene como imputados a más de 120 agentes del Estado —en su mayoría policías y penitenciarios—, comenzó formalmente puertas adentro del Ejecutivo cuando se detectó un flujo inusual y sospechoso de licencias en áreas clave.

El punto de partida de este caso se remonta a un seguimiento pormenorizado en las oficinas de control legal. Según explicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, el despliegue judicial actual es el resultado directo de una auditoría interna lanzada hace dos años para entender una anomalía estadística que afectaba la prestación de servicios públicos.

"El proceso judicial que comenzó ahora ya con esta audiencia de imputación de cargos fue un proceso que se inició en el año 2024, en un momento en donde el Estado desbordaba de certificados apócrifos y a nuestro entender cómo era tanta la cantidad y empezamos a investigar un poquitito desde la Secretaría de la Función Pública de dónde venía esta cantidad de certificados, cuáles eran los motivos y todas las circunstancias por las que llegaban estos certificados", detalló la funcionaria provincial.

Tania Lastra.jpeg

La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, afirmó que una médica otorgó 2000 días de licencia con certificados truchos.

El quiebre de la investigación interna se produjo al cruzar las firmas de los profesionales de la salud que respaldaban las ausencias. Las planillas expusieron un patrón recurrente: una enorme cantidad de carpetas médicas estaban concentradas en un grupo extremadamente reducido de profesionales. El dato que terminó por confirmar el fraude administrativo involucró una contradicción de especialidades médicas difícil de sostener.

"Comenzamos a ver que en general eran siempre pocos médicos que emitían muchos certificados. En este caso fue muy sorprendente porque justamente era una persona, una médica que es especialista en pediatría", reveló Tania Lastra. Ante la contundencia de estos hallazgos, el gobernador de la provincia, en conjunto con la Fiscalía de Estado, decidió judicializar el entramado mediante una denuncia penal.

El impacto del fraude: más de 2.000 días de licencia

La auditoría de la secretaría de la Función Pública le permitió a la Justicia dimensionar el perjuicio económico directo contra las arcas del Estado rionegrino. Al revisar el historial de los agentes bajo sospecha, las cifras de ausentismo resultaron alarmantes.

"Nosotros contabilizamos todos los días de licencia que se otorgaron en ese momento, porque ahora ustedes saben que contamos con un sistema de control de ausentismo que nos permitió haber bajado todo esto, pero en ese momento no existía ningún control y sí, con esta médica fueron más de 2.000 días de licencia", precisó Lastra, quien además advirtió que "la defraudación al erario público provincial fue importantísima".

Audiencia suspendida por la masividad de imputados

Si bien la investigación interna logró recopilar la prueba documental necesaria, el proceso penal se topó con un desafío logístico debido a la gran cantidad de involucrados. La primera audiencia de formulación de cargos debió suspenderse para garantizar el derecho a la defensa de la totalidad de los sospechosos, entre los que se encuentran la médica pediatra, su pareja y el centenar de empleados públicos.

"La Justicia armó esta primera audiencia, que lamentablemente tuvo que ser suspendida porque realmente a decir de la cantidad de imputados que habría, la cantidad de defensores, son más de 25 defensores creo, entre públicos y privados, estaba complicado poder hacer la imputación y llevar adelante el debido proceso, dar todas las garantías", señaló la funcionaria. Ante esto, el juez interviniente dispuso fragmentar el trámite en futuras audiencias más reducidas.

Desde el Gobierno provincial aseguraron que mantendrán el rol de veedores activos en cada instancia del debate judicial. Lastra concluyó que avanzar firmemente con la causa busca "darle respuesta a los rionegrinos que permanentemente y como pueden y con todo el esfuerzo que hacen pagan sus impuestos para que se paguen los sueldos", como así también resguardar "a todos los empleados que cumplen, porque gracias a Dios hay muchos empleados que cumplen con su trabajo, no se ausentan, no salen a comprar un certificado trucho".