Alerta en escuelas rionegrinas: más de 130 amenazas y 14 casos en Cipolletti

La seguidilla de amenazas en escuelas de Río Negro no se detiene y en los últimos días encendió todas las alarmas dentro del sistema educativo. Lejos de tratarse de episodios aislados, las autoridades reconocen que se trata de un fenómeno en crecimiento, con características repetidas y un fuerte componente de circulación digital que amplifica su impacto en la comunidad.

Desde la semana pasada, “la situación escaló de manera sostenida”. Así lo confirmó la directora general de Educación, Marcela Strahl, quien advirtió en diálogo con LM Cipolletti que “desde el miércoles pasado fue en escalada, hasta ayer superamos los 130 mensajes en total en todas las escuelas de la provincia, públicas y privadas”. La cifra refleja la magnitud de un problema que ya atraviesa a distintas localidades y niveles educativos.

En el caso puntual de Cipolletti, el registro oficial contabiliza hasta el momento 14 situaciones vinculadas a la aparición de carteles con amenazas dentro de establecimientos escolares. Según detalló la funcionaria, estos mensajes presentan características similares, lo que refuerza la hipótesis de un patrón común detrás de los hechos.

“Lo que sostenemos es que no podemos naturalizar ni desconocer lo que está pasando. Esto activa una acción inmediata”, subrayó Strahl, quien remarcó la necesidad de abordar el problema con seriedad y sin minimizar sus consecuencias.

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El primer caso registrado de amenaza en Cipolletti ocurrió en el Colegio Estación Limay.

Alejo Maimo

Procedimientos y respuesta institucional

Ante cada caso, se activa un protocolo específico que articula la intervención de distintas áreas del Estado. El primer paso es inmediato: dar aviso al 911 y al Ministerio de Educación para garantizar una respuesta rápida y coordinada. A partir de allí, se resguarda la evidencia (como los carteles o mensajes detectados) para su análisis, y se inicia una investigación en el ámbito judicial con intervención de la Fiscalía.

En paralelo, se despliega un trabajo institucional que incluye la comunicación con las familias, el acompañamiento a los estudiantes y la sistematización de la información. “Tenemos un registro donde estamos organizando todos los datos, y desde Seguridad Ciudadana nos los pasan en tiempo real ”, explicó la titular de Educación.

Otro de los ejes centrales es el acompañamiento pedagógico y emocional. “La suspensión de clases no aplaca la situación”, sostuvo Strahl, quien insistió en que la respuesta debe centrarse en la concientización y el abordaje educativo.

En ese sentido, se impulsan propuestas de sensibilización dirigidas a estudiantes y docentes, con el objetivo de generar reflexión sobre la gravedad de este tipo de conductas.

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Cada establecimiento debe seguir un protocolo de intervención ante cada caso y disponer cómo se continúa los días posteriores.

Antonio Spagnuolo

Refuerzos de seguridad y medidas preventivas

Frente al aumento de los casos, también se dispusieron medidas de seguridad adicionales. Entre ellas, la presencia policial en escuelas donde se detectan o se anticipan amenazas, así como la posibilidad de implementar controles específicos.

En algunos casos, la Justicia ha ordenado la utilización de detectores de metales, aunque con una aclaración: estos dispositivos se colocan fuera de los establecimientos y no dentro, en resguardo de los derechos de los estudiantes. “Como Educación no podemos vulnerar la privacidad”, explicó Strahl.

Asimismo, cada institución evalúa medidas organizativas propias, como la modalidad de ingreso con o sin mochilas, en función del contexto particular de cada comunidad educativa.

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El Ministerio de Educación articula de manera coordinada y en tiempo real con Seguridad Ciudadana, el estado de situación de todos los establecimientos donde se activa el protocolo.

Qué dice el protocolo ante amenazas con armas

El marco de actuación vigente está establecido en el documento oficial de orientaciones para situaciones de amenazas con armas de fuego en escuelas . Allí se detalla que ante cualquier indicio, ya sea una amenaza concreta o una sospecha, la prioridad absoluta es garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

El protocolo establece que el llamado al 911 debe ser inmediato y claro, informando si existe una amenaza sin identificar o si hay una persona involucrada. A su vez, se debe notificar al equipo supervisor y a las autoridades educativas para coordinar la intervención.

En caso de identificarse a un estudiante presuntamente involucrado, se indica que debe ser apartado del resto, siempre acompañado por adultos, y se debe convocar a su familia. El abordaje debe centrarse en el cuidado y no en la sanción, evitando cualquier tipo de estigmatización.

El documento también es enfático en ciertos límites: el personal escolar no debe manipular ni intentar retirar un arma, tarea que corresponde exclusivamente a las fuerzas de seguridad. Tampoco se deben revisar pertenencias sin la presencia de la familia.

Cuando la amenaza es anónima o no se puede identificar a un responsable, se recomienda evaluar el retiro preventivo de estudiantes o incluso la suspensión de clases, dependiendo del nivel de riesgo. En todos los casos, se prioriza una comunicación clara, unificada y oficial hacia las familias para evitar la circulación de información errónea.

Un fenómeno que interpela a toda la comunidad

Más allá de los procedimientos, desde Educación advierten que el fenómeno tiene raíces más profundas. “La realidad que nos atraviesa es la violencia. Tenemos que sentarnos a dialogar y reflexionar con nuestras infancias. Esto no es algo pasajero”, sostuvo Strahl.

La funcionaria también hizo hincapié en el rol de la tecnología en la propagación de estas amenazas, lo que obliga a repensar estrategias educativas y de acompañamiento. En ese marco, se prevé reforzar la formación docente en herramientas de abordaje y orientación.