Buscan ayudar a familias que viven en departamentos en mal estado

Sufren filtraciones y las empresas proveedoras de los servicios, tanto de gas como de electricidad, ya interrumpieron el suministro por los riesgos. El conflicto inició luego de que la mujer que vive en la planta baja denunciara a las vecinas de arriba por no negarse a arreglar una filtración de agua que arruinó su vivienda.

El Juzgado Civil de Cipolletti busca ayudar a dos familias que habitan departamentos en el barrio de las 350 Viviendas de Cipolletti que no reciben mantenimiento desde el año 1984. Como sufren filtraciones, las empresas proveedoras de los servicios -tanto de gas como de electricidad- ya interrumpieron el suministro por los riesgos.

El conflicto inició cuando la mujer que habita en el departamento de la parte inferior, quien tiene dos nenes menores de edad, denunció a las vecinas de arriba, dos adolescentes de 18 años, porque se negaron a arreglar la pérdida de agua que destruyó su vivienda. Un goteo constante ocasionó el deterioró total del cielorraso del baño y antebaño, mientras que la humedad en la cocina arruinó los revestimientos cerámicos y muebles.

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La mujer de la planta baja debió mudarse debido a que su departamento se inundó y además carece de los servicios básicos. Al momento de realizar la mudanza, intervino el personal de Defensa Civil de Cipolletti y el área de Desarrollo Social de la provincia, quiénes le prestaron asistencia.

Los diferentes informes técnicos, luego de realizadas las inspecciones, concluyeron que los inmuebles no tuvieron mantenimiento a lo largo de más de 30 años, que poseen filtraciones y reparaciones deficientes inconclusas.

Intervinieron peritos del IPPV, profesionales designados por el juez, y técnicos de las empresas Edersa y Camuzzi, quiénes luego de las inspecciones, optaron por interrumpir el suministro por la situación de riesgo.

El magistrado realizó un abordaje interinstitucional, no sólo basado en la Reglas de Brasilia que son de cumplimiento obligatorio para quienes desempeñan tareas en el Poder Judicial, sino que le dio intervención a las distintas áreas del Estado.

Le ordenó al IPPV (Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Río Negro) la realización, con urgencia y dentro de 45 días, de las tareas de reparación de filtraciones, mantenimiento de muros y cielorrasos, reemplazo de pisos en cocina y baños, revestimiento de cañerías y de muros y/o pisos donde falten azulejos y pisos, colocación de pastina para evitar filtraciones “ello solo a modo enunciativo sin perjuicio de las restantes reparaciones que pudieren surgir en el desarrollo de las tareas y que sean imposibles de determinar con anticipación”, dice el fallo.

Las personas que habitan los inmuebles, luego de las reparaciones, deberán realizar las tareas atinentes a la reinstalación de los servicios básicos de luz y gas.

A su vez, el juez dispuso la intervención del Ministerio de Acción Social de la provincia en función de la situación de las vecinas que habitan los departamentos, de la presencia de niños, niñas y adolescentes, y a los fines de “encausar desde las competencias que le son propias” el acompañamiento de esas personas.

El magistrado advirtió que encomienda las reparaciones al IPPV porque es el organismo que se encuentra en mejores condiciones de ejecutarlas.

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