Estafa con alquileres: condenaron a una mujer por recibir el dinero de las víctimas
Una maniobra montada en redes sociales terminó en una condena de la Justicia cipoleña. La acusada recibió las transferencias y derivó el dinero a otras cuentas.
El supuesto dúplex a alquilar, pertenece a una inmobiliaria oficial de Cipolletti, ajena a esta situación.
Dos personas que buscaban alquilar un departamento en Fernández Oro terminaron siendo víctimas de una estafa digital que les costó, en conjunto, $1.160.000. La trampa comenzó con una publicación en Facebook y cerró con una condena dictada por la Justicia de Cipolletti, que tuvo por acreditada la maniobra engañosa.
El aviso ofrecía un inmueble ubicado sobre calle Mariano Moreno y el contacto continuó por WhatsApp. Del otro lado de la pantalla, una persona que nunca pudo ser identificada utilizó un nombre falso y aseguró tener condiciones para concretar el alquiler.
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Para sostener el engaño, quien manejó la conversación envió la imagen de un DNI perteneciente a una tercera persona. Según estableció el fallo, esos datos también habían sido obtenidos mediante engaño. Con esa documentación apócrifa, el interlocutor logró transmitir una sensación de seriedad y solicitó pagos anticipados.
Las víctimas realizaron transferencias bancarias creyendo avanzar en un proceso de alquiler real. Una de ellas envió $620.000; la otra, $540.000. En total, los damnificados desembolsaron $1.160.000 sin recibir ninguna contraprestación.
La estafa quedó expuesta en la puerta del edificio
La estafa salió a la luz cuando los interesados se presentaron en la dirección indicada para avanzar con el supuesto alquiler. Al llegar, descubrieron que el inmueble pertenecía a una inmobiliaria, no a un particular. Además, otras personas habían acudido al mismo lugar con idéntica expectativa, lo que evidenció la magnitud de la operación fraudulenta. En ese momento, el contacto de WhatsApp dejó de responder. El silencio fue la confirmación del engaño.
La investigación judicial logró identificar a una mujer cuya cuenta bancaria recibió las transferencias de las víctimas. La sentencia fue cuidadosa en delimitar su rol: no fue señalada como autora de la publicación en Facebook ni como quien utilizó el documento falso.
Sin embargo, la condena la alcanzó como partícipe necesaria del delito de estafa. Su intervención fue determinante: recibió el dinero en su cuenta y lo derivó luego a otras cuentas, completando así el circuito del fraude. Sin esa acción, la maniobra no habría podido concretarse.
Qué pruebas reunió la fiscalía
La evidencia acumulada durante la investigación incluyó las denuncias penales de las dos víctimas, informes sobre movimientos bancarios, un acta de allanamiento y datos técnicos vinculados a la dirección IP desde la cual se realizaron operaciones.
También se incorporó al proceso el secuestro de un teléfono celular y una entrevista a la persona cuyo DNI fue utilizado para reforzar el engaño, que también resultó ser víctima de esta trama.
Por qué el otro imputado nunca fue identificado
Durante la audiencia, la Fiscalía explicó las dificultades para identificar a quien publicó el aviso, usó el nombre falso y mantuvo el contacto por WhatsApp. Los datos técnicos mencionados en la sentencia indicarían que esa persona habría estado físicamente en otra ciudad al momento de los hechos.
A eso se sumó otro obstáculo: no fue posible rastrear los datos de la cuenta de Facebook desde la cual se publicó el aviso. Esa limitación acotó el alcance de la pesquisa y dejó sin identificar a quien ideó y ejecutó la parte más visible del fraude.
El caso se resolvió en una audiencia de juicio abreviado. La acusada, asistida por la defensa oficial, aceptó el acuerdo presentado por la Fiscalía, admitió su responsabilidad en los hechos y prestó conformidad con la calificación legal y la pena propuesta. La jueza de juicio homologó el acuerdo.
La pena fue de tres meses de prisión de ejecución condicional, con pautas de conducta por dos años. Entre las condiciones impuestas figuran: fijar domicilio, no cometer nuevos delitos, abstenerse de consumir en exceso alcohol o estupefacientes en la vía pública y presentarse periódicamente ante el organismo de ejecución penal.
La resolución también ordenó el decomiso y la destrucción de los elementos secuestrados. La sentencia quedó firme por renuncia a los plazos procesales y las actuaciones pasaron al organismo de ejecución correspondiente.
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