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Un preso con VIH quería irse a su casa, pero recibió un no

El reclamo se llevó a cabo ante la Justicia federal de Roca y, una vez más, se puso como excusa la situación generada por el COVID-19.

Un preso que padece VIH y se encuentra alojado en una cárcel federal de la región también buscó irse a su casa por la pandemia del coronavirus pero la respuesta desde la Justicia fue tajante y seguirá tras las rejas.

En la presentación elevada por su defensor ante el Tribunal Oral Federal de General Roca (TOF) se hizo hincapié en que forma parte del grupo vulnerable de riesgo.

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El interno ya hizo varios intentos por lograr un cambio en la modalidad de encierro y las respuestas siempre fueron negativas. Uno de los primeros reclamos lo llevó a cabo el 26 de marzo a través de una defensora pública y el juez interviniente no hizo lugar. En ese momento, solo se encomendó a el responsable de la Unidad 12 -donde permanece detenido el condenado- que refuerce las medidas preventivas.

Ante el fracaso de la gestión impulsada por la defensa, hubo una segunda solicitud, que recibió el primer rechazo de parte de la fiscalía.

Después, una de las primeras medidas adoptadas por el TOF fue el requerimiento de la historia clínica del preso: en el informe se confirmó que padece VIH, EPOC y hepatitis C. Sin embargo, se encontraba bien y bajo tratamiento.

En la parte inicial de su resolución, el juez federal de General Roca que intervino precisó que "la letra y el espíritu de la ley no dejan lugar a dudas de que la concesión de la detención domiciliaria se trata de una potestad y no de un imperativo, debiendo el magistrado en todos los casos fundar razonablemente su decisión, basándose en las características personales del justiciable y demás circunstancias del caso".

Al igual que en otros pronunciamientos, el magistrado recordó la especial situación de la cárcel donde está alojado el preso, sin casos de COVID-19 y respetándose un protocolo preventivo. "Las posibilidades de circulación del virus dentro del ámbito carcelario se encuentran en efecto reducidas, gracias a las distintas disposiciones adoptadas por las autoridades penitenciarias y que, en esas condiciones, la situación de encierro no representa un mayor riesgo de contagio del virus COVID-19, al menos no mayor al que existe extramuros", apuntó.

Por otro lado, valoró el permanente seguimiento médico del preso y que nunca tuvo la falta de la medicación antirretroviral para enfrentar el VIH.

El juez que intervino en la resolución hizo referencia a la acordada de la Cámara Federal de Casación Penal y que básicamente planteaba la posibilidad de la prisión domiciliaria.

Enfático, el magistrado recalcó que "se trata de recomendaciones que no constituyen una decisión jurisdiccional en sí misma, que deben ser evaluadas de acuerdo a las constancias del legajo y a la situación de cada interno en particular y que entender lo contrario, esto es que funcionan a modo de instrucciones para los magistrados inferiores (tales como las que emite la Procuración General de la Nación para fijar la actuación del Ministerio Público), implicaría una flagrante violación a la independencia judicial interna".

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