Trabajadoras estatales estarán desobligadas de sus tareas el 8 de marzo

La gobernadora Arabela Carreras dispuso, a través del Decreto 205/23, que todas las mujeres que se desempeñan en la Administración Pública Provincial queden desobligadas de cumplir sus tareas habituales el próximo miércoles 8 de marzo.

El Decreto adhiere a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y a las actividades que se desarrollen en reivindicación del movimiento de mujeres en todas sus manifestaciones.

La medida busca garantizar la participación de las mujeres en las diferentes actividades y manifestaciones propuestas en defensa de sus derechos de forma colectiva durante esa jornada.

Se exceptúa de la medida a aquellas mujeres afectadas a garantizar servicios esenciales.

Marcha Día de la Mujer

Trabajadoras estatales estarán desobligadas de sus tareas el 8 de marzo

El 8M será “jornada no sujeta a descuento” para las trabajadoras del Poder Judicial

Por su parte, el Superior Tribunal de Justicia nuevamente garantizó a todas las mujeres que trabajan en el Poder Judicial “el derecho a expresar con total libertad su adhesión” a la convocatoria de actividades públicas por el Día Internacional de la Mujer. Es por eso que declaró que el día 8 de marzo “no será considerado como jornada sujeta a descuento” para las trabajadoras judiciales.

“El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, donde se movilizan mujeres organizadas para analizar, debatir y poner en agenda diversas problemáticas desde la perspectiva de genero”, afirma la Resolución N°100/2023, firmada por la presidenta del STJ, Liliana Piccinini.

“La movilización es convocada por organizaciones feministas y aliadas de la lucha por los derechos de las mujeres en todo el mundo, a la que adhieren mas de 170 países” y está motivada en “la necesidad de visibilizar y poner fin a la violencia, la desigualdad de género y las distintas formas de opresión contra mujeres”, sostiene la Resolución.

En el mismo documento, el STJ recordó que la perspectiva de género ha sido adoptada como política pública y transversal en el Poder Judicial, lo que se vio reflejado, entre otros avances, en la ampliación de misiones y funciones asignadas en 2022 a la Oficina de Derechos Humanos y Género.