Toma de las vías: descartan desalojo y prometen ayuda

El Municipio cambió totalmente su postura sobre el asentamiento.

Ante la resistencia de los vecinos y la aprobación de la ley de tierras, desde el Municipio afirman ahora que no quieren el desalojo de los vecinos del barrio Perito Moreno, ubicado junto a las vías del ferrocarril, cerca del Centro Cultural de Tres Arroyos y Toschi. Incluso, se comprometieron a prestar colaboración ante diversas necesidades que enfrentan los pobladores.

El secretario de Gobierno, Bruno Bordignon, se había pronunciado hace unos días a favor del desahucio “inmediato” del sector poblacional para avanzar con otros proyectos del Municipio en torno a las vías. Pero poco a poco el Ejecutivo fue retrocediendo.

Las 25 familias que viven en el lugar se reunieron el miércoles con el funcionario de Desarrollo Humano, José Solís, quien los atendió porque en ese momento no se encontraba Bordignon.

Según expresó la dirigente Érica Montecino, el grupo que representaba al conjunto del asentamiento había concurrido al Municipio junto con integrantes del Foro por la Tierra y la Vivienda. Sin embargo, apenas las autoridades oficiales se enteraron de que estaban presentes, los apartaron para hablar a solas.

Los vecinos se reunieron con funcionarios de Desarrollo Humano que desmintieron el anuncio del secretario de Gobierno, Bruno Bordignon.

Solís les aseguró que la comuna no está interesada en absoluto en el desalojo de la barriada, más allá de las expresiones públicas de Bordignon. Entre las declaraciones del funcionario y el anuncio del cambio de postura, el Senado aprobó la ley que impide el desalojo de los barrios comprendidos en el Registro Nacional (ver aparte).

Según afirmaron los vecinos, Solís se comprometió a “colaborar” en lo que fuera necesario. El jueves personal municipal llevó al asentamiento contenedores para sacar residuos y contribuir a la limpieza de la comunidad. Además, se brindará asistencia a los adultos mayores y se efectuarán mejoras en una canchita de fútbol.

En cuanto a la posibilidad de que sean expulsados de sus actuales hogares, la referente afirmó que Solís les dijo que “se despreocuparan” y que el Municipio va a intervenir para que no se lleve a cabo.

Las partes volverán a mantener conversaciones en un tiempo más, con participación de representantes de Desarrollo Humano y seguramente también del área de Hábitat de Gobierno.

--> Una ley que obliga a urbanizar barrios populares

El Senado aprobó esta semana el régimen de regularización dominial para la integración socio urbana, que se basará en el registro nacional de barrios populares. La ley obliga a los gobiernos nacional, provincial y municipal a avanzar con la conexión de servicios elementales como la luz, el gas, el agua y las cloacas, y deja prohibido desde el momento de la promulgación y suspende por cuatro años los desalojos en los terrenos judicializados.

La novedad fue celebrada especialmente por las familias asentadas a la vera de las vías del ferrocarril, quienes hasta esta semana se veían amenazadas por un posible desalojo.

En la ciudad, el censo nacional reconoció la existencia de 36 asentamientos en los que viven unas 20 mil personas.

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