Suspendieron el desalojo de Benedicta, la mujer víctima de violencia de género

El Juez Benatti, a cargo del Juzgado de Familia de Cipolletti, suspendió el desalojo de Benedicta Parra, la mujer que denunció a su ex pareja por violencia de género. El fallo había causado revuelo en toda la región por la falta de perspectiva de género. Afirman que la casa es propiedad del hombre y que el conflicto suscita por la convivencia en el un mismo predio.

El jueves el abogado de Benedicta recibió la resolución del juzgado que informaba sobre la decisión de suspender la ejecución de la medida de desalojo que estaba prevista para esta semana y que ordenaba la exclusión del hogar de una mujer que denunció de forma reiterada a su pareja por violencia de género. Según explicó el defensor Martín Palumbo, el juez supeditó la intervención de la Justicia Penal en la causa.

“Se trata de una suspensión temporal, no se revocó el fallo como nosotros pedimos. La decisión fue exclusiva del juez Benatti, y lo fundamentó en dos escuetos renglones. Voy a seguir insistiendo en que se deje sin efecto la intimación, porque lo que planteó el juez es supeditar la decisión a la intervención de la fiscalía de Cinco Saltos, aunque la que estaba interviniendo era el área de Género de Cipolletti”, explicó Palumbo en diálogo con LM Cipolletti.

Agregó que entre otra de las decisiones, de forma unilateral se morigeró la restricción de acercamiento que se le había impuesto al agresor, que era de 500 metros, y ahora no se determinó con exactitud a cuanta distancia deberá estar, y que esa determinación fue para que el hombre pueda trabajar en el taller mecánico lindante a la vivienda que habita Benigna.

“Esta morigeración da la posibilidad de que el violento se acerque a un espacio razonable, y nos parece necesario que tenga que seguir vigente la prohibición de acercamiento de 500 metros dictada para garantizar la seguridad de Benedicta. El juez priorizó la situación de trabajo del señor en vez del resguardo de la víctima, por eso ordenó el desalojo”, relató Palumbo.

En las apelaciones, Palumbo aseguró que manifestó que no se respetaba la normativa de la perspectiva de género ni las recomendaciones de la Corte Suprema de Justicia. “No encontramos explicación a la decisión tomada ya que en una denuncia de violencia de género donde se debe proteger a la víctima, se privilegia la situación económica del agresor; es una contradicción. Sé que Benatti tuvo muchas resoluciones con perspectiva, pero esa línea debe ser constante, no se pude aplicar en algunos casos y en otros no. La perspectiva de género no es una opción y me preocupa que estas decisiones son estén fundamentadas desde lo jurídico”, criticó el abogado.

El defensor indicó que la suspensión no tiene plazo concreto, y se mantendrá hasta que fiscalía intervenga. “La fiscal Comporesi del área de Género abrió un legajo por incumplimiento de las restricciones de acercamiento”, añadió.

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La explicación del Juzgado de Familia

En la resolución firmada por Benatti donde ordenaba la exclusión del hogar de la mujer, el funcionario indicó que “existe un fuerte conflicto familiar, que escala por demás en base a la relación de vecindad que tienen las partes, pese a encontrarse separados hace años”. Además expresó que “queda acreditado que la cuestión de residencia hace a la dinámica conflictiva”, y que existen denuncias recíprocas de hostigamiento en el contexto de la convivencia.

Benatti dijo que la cuestión “va más allá de la violencia familiar”, porque además se encuentra implicada la situación de discapacidad del hombre, quien vive de los ingresos generados en el taller que le permite el pago de la obra social con la que atiende su tratamiento.

Según indicaron desde Comunicación Judicial a LM Cipolletti, el inmueble en disputa es del hombre. En una mediación acordaron que la mujer podía quedarse ocupando la casa, mientras que él haría uso de su taller mecánico que está en el mismo predio, sin tener contacto entre si.

En el año 2016 ingresó una denuncia de violencia familiar y hubo acusaciones mutuas. “Gran parte de las denuncias en el expediente son del hombre hacia la mujer por problemas de convivencia: aseguró que ella lo molestaba, que hostigaba a los clientes del taller, rompía los vehículos que quedan para reparación y estacionaba su vehículo en el ingreso al taller impidiendo la actividad", indicaron.

En diciembre de 2019 el hombre inicia las acciones judiciales para recuperar el inmueble y la mujer no concurre a la mediación. En febrero de 2020 se radican nuevas denuncias en el Juzgado de Paz de Cinco Saltos. El juez Benatti dicta una medida de restricción para que la nueva pareja del señor deje de hostigar por mensajes de Whatsaap a la ex pareja que ocupa la vivienda. El 19 de febrero el juez fija una nueva audiencia en presencia de las partes y los invita a presentar una solución, pero ambos se negaron.

El 20 de febrero pasado el juez resuelve que la mujer deberá abandonar el inmueble en el plazo de 48 horas. Según explicaron, Benatti basó su resolución en la dinámica conflictiva y tuvo en cuenta que la propiedad le pertenece al señor, que ya estaban divorciados con anterioridad al conflicto.

El 12 de marzo se realizó una audiencia ante la Cámara de Apelaciones de Cipolletti donde participan los tres jueces que integran el tribunal, las partes y sus abogados. En ese momento la mujer consiente la resolución del juez sobre el desalojo, y pide una prórroga hasta el 11 de abril. Se compromete no hostigar a su ex marido y él se compromete a alimentar a los perros una vez que ella abandone la vivienda.

Luego se presenta un nuevo abogado en representación de la mujer y plantea que no cumplirá con el compromiso ni abandonará la vivienda en función del aislamiento obligatorio, y presentan un recurso de queja que es rechazado. El 18 de abril se efectúa una nueva denuncia penal en la fiscalía de Cinco Saltos por problemas de convivencia.

El juez Jorge Benatti le envía un oficio al fiscal de Cinco Saltos para que informe respecto de ese proceso, y en función de esa denuncia penal el magistrado de familia “suspende” el desalojo a la espera de la información respecto a las actuaciones penales.

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