Todo comenzó la semana pasada con un simple memo en el que se informaba a los operadores de la central de emergencias 109 de que ante un pedido de auxilio que implicara la intervención policial, los llamados debían ser derivados al 911. Esto generaría demoras en las respuestas y -según los empleados- el comienzo del fin para la central municipal.

Parece que en el Municipio no cayó bien que la información de este memo se hiciera pública. Según informaron trabajadores del área, un funcionario los presionó para que dijeran quién había sido el que irradió la noticia.

Además, contaron que les dieron plazo hasta mañana para hablar porque, de lo contrario, podrían radicar una denuncia a cada uno de los empleados.

La solicitud para generar las modificaciones fue firmada el 19 de marzo por la Dirección General de Seguridad. En tan sólo unas pocas líneas se especificaba a los operados especializados en el área trasladar los llamados por presencia policial exclusivamente al 911, con sede en Viedma. La directiva ya estaría generando retrasos en la llegada de patrulleros, bomberos y ambulancias.

Sin embargo, luego de que las acusaciones se hicieran públicas, un trabajador -que prefirió mantenerse en el anonimato- confirmó a LM Cipolletti que recibieron una amenaza por parte de una autoridad municipal.

“Trajo una bolsa de residuos para que guardáramos nuestros celulares y no grabáramos la conversación. Nos dijo que teníamos hasta el miércoles para decir quién habló porque si no nos iban a denunciar a todos, pero sabemos que es algo que no se puede hacer”, sostuvo.

Además, afirmó que los intimidaron con conseguir los nombres involucrados a través de diferentes contactos y que, como medida extrema, solicitarían un permiso para revisar cada uno de los teléfonos: contactos, detalles de llamadas y mensajes enviados y recibidos.

“Entendemos que estamos resguardados. Vamos a esperar la respuesta que nos da en los próximos días y, dependiendo de la medida que tome él, nosotros vamos a tomar la nuestra. De ser necesario, vamos a tomar medidas de fuerza”, concluyó el trabajador.

“Trajo una bolsa para que pongamos los celulares y no grabáramos. Nos dijo que teníamos hasta el miércoles para decir quién habló”, contó un empleado.

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