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Repudian el caso del hombre que murió en una comisaría cipoleña

La Red por los Derechos Humanos de Cipolletti y el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro expresaron su  preocupación frente a una nueva muerte "dudosa" en una Unidad 45° del Anai Mapu.

La Red por los Derechos Humanos de Cipolletti y el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro expresaron su preocupación frente a una nueva muerte “dudosa” en la Comisaría 45° del Anai Mapu, que "se suma a las numerosas vejaciones, abusos de poder y malos tratos que se producen a diario en operativos por parte de fuerzas policiales y en instituciones carcelarias contra personas detenidas o demoradas, lo que hemos denunciado sistemáticamente como una clara violación de los derechos humanos".

"El pasado lunes 9 de enero, nos comunican del fallecimiento del joven Jorge Gatica en la Comisaría 45° de Cipolletti, informándose como suicidio. Dado el lamentable historial que tenemos en la provincia de suicidios en las comisarías, este caso nos vuelve a poner en alerta por varias cuestiones: en primer lugar la demora por parte de la policía en dar aviso de la detención, hasta después del deceso, cuando debe hacerlo al momento de ingresarlo. Por Ley está estipulado que las personas detenidas por averiguación de antecedentes en una comisaría deben ser informadas de inmediato ante el Ministerio Público, por consiguiente el accionar policial en esta situación fue ilegal", detallaron en un comunicado.

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Por otra parte indicaron que llamó la atención "el tratamiento que le dieron algunos medios de comunicación de la zona, que difundieron información extraoficial y falaz, que se percibe como una intencionalidad estigmatizante" porque prioriza el juzgamiento de los detenidos antes que cuestionar que nuevamente una persona muere en una institución policial, después de ser detenida por averiguación de antecedentes. "Es inadmisible que en Río Negro, para algunas personas el ingreso a una celda, por la sola presunción de un delito, signifique la muerte", sentenciaron.

"Como referentes de organismos de Derechos Humanos entendemos que no es posible naturalizar estos hechos. Requerimos, una vez más, al Gobierno Provincial y a la Secretaría de Derechos Humanos que cumpla, en primer lugar, la Ley Provincial N° 4621 del Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes", detallaron.

Como así también "la efectiva implementación del Comité, designando el presupuesto necesario para garantizar el abordaje integral de todas estas situaciones en instituciones de privación de libertad, como unidades penitenciarias y policiales. Y la Ley Nacional Nº 26827, Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes y los Tratados Internacionales a los que nuestro país adhiere por la Constitución Nacional".

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