Represas: el conflicto por la concesión iría a la Corte Suprema

El caso de la concesión de las hidroeléctricas podría ser llevado a la Justicia. Esta semana se conoció la decisión de Nación de otorgar a la empresa estatal, Enarsa, el manejo de las represas que funcionan sobre los cursos de los ríos Limay y Neuquén, sin participación de las provincias. Tanto Neuquén y Río Negro no fueron consultadas, según Elías Sapag, representante de Neuquén en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, profundizando un conflicto "desatado por la falta de respeto hacia las leyes, los contratos y hacia los funcionarios de Río Negro y Neuquén".

Tanto Río Negro como Neuquén propusieron el año pasado que, tras el vencimiento de las concesiones, el manejo de las hidroeléctricas pase a manos de un ente tripartito, formado por Nación y ambas provincias, en reconocimiento del derecho de las jurisdicciones al agua como recurso natural. En su momento, Flavia Royón, secretaria de Energía de la Nación, había asegurado que las provincias iban a participar del diálogo y que las represas podrían ser manejadas en conjunto con Nación. Sin embargo, esa participación nunca llegó.

"No les interesan las provincias. El sistema federal está cuestionado, hemos sido totalmente ninguneados. Los ministros fueron, los hicieron esperar y se volvieron si tener una respuesta. Hicieron esta decisión sin ningún tipo de consulta y esto va a terminar en un conflicto que irá a la CSJ", aseguró Sapag a CNN Radio Roca.

Para el titular de la AIC en Neuquén, la ausencia de las provincias en el tratamiento del tema afecta la seguridad de los bienes, el agua, el riego, la industria y la energía eléctrica. "El problema es que el agua desde el ´94 constitucionalmente le corresponde a las provincias en su dominio y jurisdicciones. Las provincias tienen el derecho y la obligación de que cada hidroeléctrica pida permiso y pague por el uso del agua, como paga el riesgo, petroleras y la industria. Ellos también tienen que pagarla. Si ellos no nos quieren sentar a debatir en la mesa este tema, que nos paguen el uso bajo las normas que nosotros les vamos a decir", sostuvo.

Denunció, además, que se trata de un avasallamiento a las provincias y hacia el futuro del agua y la energía en la región. "Por qué tengo que mendigar una tarifa diferencial cuando yo soy quién la produce. Es un problema que no hemos resuelto los argentinos, hemos escrito una Constitución federal y no la cumplimos. Durante 30 años Nación ha hecho lo que quiso", expresó molesto Sapag.

El titular de la AIC, anticipó que el gobernador Omar Gutiérrez, tomó la decisión de llamar a reunión al ministro de energía neuquino, Alejandro Monteiro, al fiscal de Estado y a todos los colaboradores a los efectos de iniciar acciones que van a terminar en la Corte Suprema de Justicia. "Si el conflicto no se resuelve y no te atienden para hablar, va haber que ir al CSJ para resolver porque es un problema entre Nación y provincias".