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Se termina el tiempo para resolver las concesiones hidroeléctricas

La AIC y el Orsep presentaron un informe donde reclaman a Nación la deuda del canon por $983 millones y temas de seguridad de las represas hidroeléctricas.

Ya no hay tiempo. Si en menos de dos meses el gobierno nacional no toma una decisión sobre qué hacer con las concesiones hidroeléctricas que se vencen para los aprovechamientos hídricos de las provincias de Río Negro, pareciera que todo quedará en la nada. Más aún en un año electoral y con un gobierno encerrado en una interna dentro del Frente de Todos, que se llevó hace varios meses a otra interna sobre qué hacer con la política energética del país.

Tanto la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) como el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep) Comahue entregaron un informe de 180 páginas a los gobernadores Omar Gutiérrez (Neuquén) y Arabela Carreras (Río Negro) y a Nación sobre el estado de las represas, y los incumplimientos de las concesionarias y de la Secretaría de Energía de la Nación respecto de la liquidación de las regalías.

“Este es un trabajo que han hecho las provincias y los equipos técnicos, pero desde Nación todavía no hay nada. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a recorrer las represas si ya no queda tiempo? Hay que informar a las concesionarias con meses de anticipación y todavía no tienen redactado nada”, expresó Elías Sapag, representante en la AIC por la provincia de Neuquén.

En julio de 2023 terminan las concesiones hidroeléctricas de la cuenca, después de 30 años cuando fueron otorgadas en el gobierno del ex presidente Carlos Memem. Son El Chocón y Arroyito (administrada por la italiana Enel), Cerros Colorados (Orazul Energy) y en diciembre Piedra del Águila (Sociedad Energía Sadesa Central Puerto).

Uno de los temas que reclaman la AIC y el Orsep en el informe son las regalías “mal liquidadas” desde 2013 hasta la fecha y las “ganancias extraordinarias” que han tenido las concesionarias en perjuicio de los organismo locales, que son los encargados de llevar adelante los monitoreos.

Los organismos regionales encargados de la seguridad de las represas y del control de los caudales de los ríos le reclaman a la Secretaría de Energía de la Nación una deuda de $983.671.839 o el equivalente a u$s 8.336.202. El cálculo de la deuda del canon es desde 2013 a marzo de 2022.

La AIC, ante la falta de respuesta por las de regalías, realizó un reclamo administrativo que derivó en un juicio ejecutivo para que la Secretaría de Energía de la Nación certifique ese pasivo de las concesionarias. Fue así que en 2019 se radicó un amparo por mora –por 23 cánones eléctricos– en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Pasaron las actuaciones en vista al fiscal federal a efectos de que se expida respecto de la competencia de la acción intentada. El fiscal se expidió y el juez, en base a los fundamentos vertidos por el fiscal, se declara incompetente para entender en las actuaciones y remite las mismas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostiene parte del informe presentado a Nación.

El otro tema más denso es el de la seguridad de las represas. Si bien para la AIC y el Orsep realizan trabajos de mantenimiento de manera constante, hay una serie de obras que tienen que realizarse. Pero el estado de incertidumbre por el vencimiento de las concesiones no permite tener este debate. A las concesionarias, de acuerdo con lo informado, hay que presentarles un plan al menos seis meses antes. Y esa fecha es en diciembre, por lo que los tiempos administrativos no alcanzan para que Nación elabore un informe.

“Como hemos explicado, la metodología de cálculo del canon que ha implementado a través de los años la SE resulta en ganancias extraordinarias que acrecientan indebidamente las arcas de los concesionarios y no de Nación o los beneficiarios de energía y, ha sido el causante de la inviabilidad de nuestra Institución. Todo lo expuesto, concluyendo, produjo un desequilibrio presupuestario que concluyó en la postergación de actividades, obras, mantenimientos y demás gastos de funcionamiento que impiden el desarrollo de los presupuestos mínimos y hacen peligrar la fuente de trabajo de nuestros empleados y que, hasta el momento, solo pueden compensarse mínimamente con los aportes jurisdiccionales que se gestionan todos los años desde el pasado 2019 siendo, a todas luces, insuficientes”, concluye el informe regional que fue presentado a los gobernadores y a Nación.

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