Desde la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública impulsan dos investigaciones por el conflicto en la ciudad de Contralmirante Cordero: una por el ataque a la comisaría del pueblo y otra por los destrozos perpetrados en el edificio municipal.

Por el ataque a la comisaría están imputadas Dora Noemí Fernández (delegada de la seccional Norte) y Rosa Ñanco (secretaria de Acción Política). Ambas están acusadas por los delitos de coacción agravada por ser cometida en contra de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y daño agravado por ser cometido contra bienes del Estado.

Sobre estas dos mujeres recaía un pedido de captura, pero finalmente la jueza Sonia Martín aceptó la eximición de prisión luego de que las gremialistas se presentaran ante los estrados el lunes por la mañana.

Para esa ocasión también había sido citado Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE en la provincia. Pero él no se presentó, alegando que no había sido notificado, algo que fue rechazado de plano por el Poder Judicial.

“Por la gravedad de los delitos, la intención de la Fiscalía es llegar a juicio. No consentiremos beneficios procesales para los imputados”. Martín Pezzetta Fiscal

Aguiar volvió a ser citado para mañana y ahí se resolverá su situación en relación con el pedido de captura que sigue vigente, por considerarlo en rebeldía por no presentarse ya en cuatro ocasiones en las que fue citado por la Justicia local.

Pezzetta, por su parte, aseguró que “por la gravedad de los delitos, la intención de la fiscalía es llegar a juicio. Por eso adelantamos que no consentiremos la aplicación de beneficios procesales para los imputados, porque insistimos en que los hechos fueron graves”.

El fiscal agregó que ofrecieron la realización del trámite mediante instrucción abreviada, intentando acortar los plazos procesales y llegar al juicio lo antes posible, pero fue rechazado.

En relación con el ataque al Municipio, que tramita el Juzgado de Instrucción 4, Pezzetta destacó que los delitos que se investigan son daño agravado, atentado y resistencia a la autoridad y las lesiones de carácter graves que sufrió un trabajador municipal.

Para estos casos, el Código Penal prevé penas de entre tres meses y cuatro años de prisión para el daño agravado, entre cinco y diez años para la coacción agravada y de seis meses a dos años el atentado y resistencia a la autoridad agravado. Es decir que los gremialistas podrían pasar un buen tiempo a la sombra.

En tres pasos

Un conflicto que no termina más

1- El gremio ATE realizó una protesta en Contralmirante Cordero, en el marco de la cual causaron destrozos en el municipio y la comisaría.

2- Tres dirigentes, entre ellos el líder de ATE, Rodolfo Aguiar, fueron declarados en rebeldía por no acudir a las citaciones y se ordenó su captura.

3- El fiscal dijo que más allá de que los terminen eximiendo de prisión, avanzará en la causa por los daños causados y los llevará a juicio.

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