Quieren acorralar a la AIC

Legisladores neuquinos se sumaron a la denuncia penal que habían presentado parlamentarios y concejales rionegrinos de la CC-ARI para acorralar judicialmente a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y obligarla a ocuparse de la contaminación en los ríos Neuquén, Limay y Negro. En paralelo, trabajarán políticamente para remover al directorio o bien “que se disuelva y vuelva el control a las provincias”, anticiparon.

Semanas atrás, concejales valletanos de la Coalición Cívica-ARI lograron un fallo de la Justicia federal de Roca que ordenó a la AIC que presente un plan de saneamiento de los ríos antes del 12 de abril de 2017. Tras ese triunfo, los rionegrinos se unieron a los referentes neuquinos del UNE, Mariano Mansilla, y el FPN, Ramón Rioseco, para actuar juntos en causas judiciales por contaminación de la cuenca hídrica.

Ayer, representantes de los tres partidos políticos anunciaron en conferencia de prensa que unificaron los amparos ambientales existentes a uno y otro lado de los puentes y se constituyeron juntos como querellantes en la denuncia penal por “encubrimiento de contaminación” contra el presidente de la AIC, Elías Sapag, Además, los legisladores de las tres fuerzas trabajarán políticamente por un cambio de fondo en el organismo. “Hay que cambiar a las autoridades o disolver la AIC y que vuelva el poder de policía a las provincias”, sentenció el diputado Mansilla.

Acusó a la conducción de la AIC de aplicar “un plan sistemático de encubrimiento” y contó que, en la denuncia contra Elías Sapag, figuran “10 informes de contaminación que recibieron en los seis últimos años y no se hizo nada”. Mencionó, entre otros, una pericia de la Corte Suprema que reveló la presencia de naftaleno en varios puntos de la cuenca.

"Debemos tener un representante que proteja a los habitantes, no que encubra a los responsables de contaminación y nos mienta”. Ramón Rioseco, legislador del Parlasur

Estudios

Ese informe fue el disparador de la denuncia rionegrina, que terminó con la intimación a la AIC. “Los últimos estudios han determinado la presencia de productos de origen hidrocarburífero y desechos cloacales”, manifestó la concejal cipoleña Alejandra Villagra.

Mansilla explicó también que, al unificar los amparos, “las pericias realizadas acá se suman a las de Río Negro”, lo que ayudará a lograr nuevas medidas cautelares, como la que dictó la jueza Carolina Pandolfi, de Roca.

Rioseco, por su parte, recalcó que al margen del resultado de las acciones judiciales, en la AIC “debemos tener un representante que proteja a los habitantes, no que encubra a los responsables de contaminación y nos mienta”.

Francisco Baggio, concejal neuquino, recordó que el propio Sapag reconoció “que la AIC, en 30 años, no emitió una sola multa a ningún organismo” por contaminar.