Quería desligarse de su hijo con un dudoso ADN

Lo reconoció, pero después cambió de opinión. La Justicia lo retó.

Los integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Cipolletti privilegiaron los derechos de un niño y se mostraron contrarios a la pretensión del padre de no hacerse cargo tras el resultado de un análisis de ADN. De forma inicial, el hombre había reconocido al menor como su hijo.

La Justicia le puso freno a un juicio de impugnación de paternidad, donde un hombre esperaba desligarse de la responsabilidad que había asumido. De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, el hombre se hizo una prueba de ADN de manera privada que, en apariencia, revelaba que no era el padre del niño. Tras un acuerdo con la madre, iba a cortar el vínculo.

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Sin embargo, intervino la Defensoría de Menores y elevó un recurso ante la Cámara para que se analice la situación. De forma contundente, los jueces remarcaron que “el ‘estado de familia’ (ya sea de hijo o de padre) es un derecho personalísimo indisponible –en la que están interesados el Estado y la ley- y no puede modificarse por el imperio de la propia voluntad o autonomía privada de las partes”.

De manera inicial, el hombre se hizo cargo de su hijo. Luego, se realizó una prueba de ADN en el ámbito privado, que le dio negativo.

El padre del niño había resuelto realizarse una prueba de paternidad en el ámbito privado, sin ningún tipo de control. Apenas recibió el resultado, se lo comunicó a la madre del menor quien “según surge del expediente, prestó su conformidad para que esa prueba se tuviera por válida a fin de acreditar la ausencia de vínculo entre el menor y el accionante”.

Ante las intenciones del padre del niño, los camaristas recordaron que “la identidad de una persona constituye una cuestión de orden público, esta tutelada por el Código Civil y Comercial y las Convenciones de Derechos Humanos así como también por la Convención de los Derechos del Niño, a las que el Estado argentino ha adherido y que revisten jerarquía constitucional a partir de lo que dispone el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, reformada en 1994”.

Hay “un interés público” involucrado

El fallo que se conoció ayer fue firmado por los jueces Elda Emilce Álvarez, Alejandro Cabral y Vedia y Marcelo Gutiérrez, quienes remarcaron que “el reconocimiento de un niño involucra un interés público y en consecuencia no puede realizarse a través de una homologación”.

Agregaron que “el derecho a identificarse en su unidad y personalidad es una prerrogativa que nace de la propia naturaleza del hombre, comienza por la concreta posibilidad de conocer su origen, a partir del cual edificará su individualidad, y halla amparo en las garantías (constitucionales)”.

Sin cadena de custodia del material genético

En la sentencia se puso énfasis en la prueba genética, que había sido realizada de manera privada y no existía una acreditación certera de las identidades de los aportantes del material genético ni se acreditó el cumplimiento de la debida cadena de custodia.

Los jueces puntualizaron que “para resguardar que las muestras de ADN (las que deben ser identificadas en cuanto al origen de su obtención) no sean adulteradas, confundidas con otras o incluso sustraídas, es fundamental en la práctica de la pericia contar con una adecuada cadena de custodia, concepto que alude al conjunto de normas de actuación que garantizan la identidad de una muestra o prueba, y, consecuentemente, de los resultados analíticos”.

Además, plantearon que “la cadena de custodia trasciende en el cumplimiento de una serie de documentos, que consisten en formularios preimpresos que certifican todos los pasos que siguen las muestras desde su recolección hasta su destrucción o conservación posterior, así como la identificación de las personas que hayan intervenido en todo el proceso”. Por otra parte, los camaristas se apoyaron en jurisprudencia bonaerense y recordaron lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño.

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