Sobresueldos en Río Negro: se entregó César Barbeito y ya son dos los ex funcionarios presos

El escenario judicial y político de la provincia sumó un capítulo decisivo en las últimas horas. Tras confirmarse el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó firmes las condenas en la causa por sobresueldos en Río Negro, los principales implicados comenzaron a ponerse a disposición de la Justicia para cumplir con sus penas de prisión efectiva.

El ex ministro de Coordinación del gobierno de Miguel Saiz, César Barbeito, se presentó el domingo en una comisaría de Bariloche y quedó inmediatamente detenido. La entrega del ex funcionario provincial se produjo luego de su regreso al país, una vez conocida la ratificación del máximo tribunal.

Con la detención de Barbeito, ya son dos los ex miembros del gabinete gubernamental tras las rejas. El pasado viernes, en la localidad de Darwin, se había presentado el ex secretario general, Francisco "Ringo" González. Actualmente, González cumple su arresto en una dependencia policial de Pomona.

A partir de este momento, el Servicio Penitenciario Provincial deberá definir el destino definitivo de ambos. Las autoridades evaluarán si los ex funcionarios continuarán alojados en dependencias de la Policía o si se dispone su traslado a otro centro de detención formal.

La estrategia de los ex funcionarios de Río Negro

A pesar de las detenciones, los abogados defensores de los condenados ya se encuentran trabajando en una estrategia técnica para revertir la situación. En este sentido, escriben el escrito de la proscripción para alcanzar la libertad de sus clientes.

Los argumentos de los letrados se basan firmemente en la demora de la Corte en tratar el tema y el extenso tiempo que pasó desde la sentencia original hasta el día de hoy.

Para esta presentación existe un antecedente directo en la provincia: Miguel Irigoyen planteó la proscripción de su pena en la denominada causa Lotería tras el fallo de la Corte, y ganó, logrando el beneficio que ahora buscan replicar las defensas de Barbeito y González.

"Ruido judicial" e interna en los tribunales

La ejecución de las detenciones no estuvo exenta de tensiones y generó un fuerte «ruido» interno en el Poder Judicial. La causa de los sobresueldos estuvo históricamente impulsada por la actual jueza del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, durante su anterior paso por la fiscalía, quien esperaba cerrar definitivamente el ciclo judicial.

El viernes, cuando se notificó la determinación de la Corte Suprema, los jueces de garantía iniciaron el armado de los documentos pertinentes para notificar a los ex funcionarios y otorgarle el tiempo necesario al sistema penitenciario para generar las condiciones óptimas de detención.

Sin embargo, esta acción constituyó una «demora» según la lectura de la jueza Piccinini, quien intervino para acelerar de forma drástica los tiempos procesales.

Esta aceleración produjo una marcada «molestia» interna entre los actores judiciales, quienes se quejan abiertamente de una «intromisión» por parte de la magistrada del Superior Tribunal. Según aseguran fuentes del sector, Piccinini fue alertada de la situación por su hija, Georgina Amaro, quien se desempeña como jueza de garantías. Al compartir el espacio de trabajo con el resto de los magistrados, Amaro conocía de primera mano la «pachorra» con la que estaban actuando sus colegas y dio aviso de la situación.

Las condenas de la causa

Tanto Francisco «Ringo» González como César Barbeito fueron condenados por el delito de peculado. El expediente también incluyó las condenas bajo la misma calificación legal para los ex ministros:

• Omar Contreras (Turismo)

• Cristina Uría (Salud)

• Juan Accatino (Producción)

• Alfredo Pega (Desarrollo Social)

• Diego Larreguy (Gobierno)

• José Ongaro (ex tesorero general)

La diferencia en la situación de detención radica en el monto de las penas impuestas. González y Barbeito deben cumplir prisión efectiva debido a que sus condenas fueron establecidas en tres años y medio de cárcel. Por su parte, el resto de los ex funcionarios recibieron penas menores, lo que las vuelve técnicamente excarcelables.