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Río Negro cobrará una deuda millonaria a una obra social por prestaciones en salud

Las obras sociales y prepagas adeudan más de mil millones. El listado de las que más deben en Río Negro.

El Gobierno de Río Negro logró un fallo judicial que le permitirá recuperar una deuda superior a los $65 millones que la Obra Social de Obreros Empacadores de Fruta mantiene con el Ministerio de Salud. La resolución corresponde a la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa Nº13 de Viedma y es la primera de tres causas promovidas con el nuevo marco legal de la Ley 5754.

La sentencia habilita la ejecución por un capital de $65.066.112, a lo que se suman intereses y costas estimados en $36.290.624. En total, se proyecta un ingreso de $101.356.736 a las arcas provinciales.

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El fallo otorga un plazo de cinco días para que la obra social pague de manera voluntaria o presente excepciones; de lo contrario, se avanzará con el cumplimiento forzado.

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Crece la deuda del sector

Actualmente, las obras sociales, prepagas y aseguradoras mantienen obligaciones impagas con el sistema público de salud por un total de $1.042.459.789, según certificó el Ministerio de Salud. Entre los mayores deudores figuran:

  • OSECAC, con más de $219 millones.

  • OSPRERA, con casi $188 millones.

  • OSPECON, con $133 millones.

  • Unión Personal Civil de la Nación, con más de $31 millones.

  • SANCOR Medicina Privada, OSDE, Swiss Medical y otras prestadoras, con deudas que oscilan entre $3 y $9 millones.

El listado completo, que supera los 150 ítems, incluye entidades vinculadas a sectores industriales, comerciales, de servicios y transporte. El Gobierno sostiene que son recursos que la Provincia adelanta para garantizar atención a los afiliados en los hospitales públicos.

La Ley 5754, el sustento para avanzar en las ejecuciones

La Ley Provincial 5754, promulgada en noviembre de 2024, permitió ordenar el sistema de recupero de costos y avanzar en reclamos que estaban trabados desde la eliminación de la Superintendencia de Servicios de Salud a nivel nacional. La norma obliga a obras sociales, prepagas y ART a cubrir las prestaciones brindadas a sus afiliados en hospitales públicos.

El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó que esta es una herramienta “moderna y ágil” para restituir fondos que deben volver al sistema: “Este hito es posible gracias a la Ley 5754, que nos permite reclamar lo que corresponde por la atención de los afiliados en los hospitales públicos. Es una muy buena noticia, porque estos fondos se destinan pura y exclusivamente a fortalecer el sistema de salud”.

Demetrio Thalasselis

El ministro remarcó que la atención es universal, pero tiene costos que deben ser cubiertos por las obras sociales: “La producción de servicios en un hospital implica profesionales, enfermeros, medicamentos y equipamiento. Nada de eso es gratuito”.

Cómo se distribuirán los fondos recuperados

Según la normativa vigente, el 32% de lo que se cobre se destinará a un fondo estímulo para el personal, mientras que el resto se distribuirá entre los hospitales según su nivel de facturación y necesidades operativas.

La acción judicial fue impulsada por los abogados de la Fiscalía de Estado —Gastón Pérez Estevan, Luciano Minetti Kern y Federico Rosbaco—, responsables de llevar adelante las ejecuciones.

“Un camino irreversible” para sostener el sistema

Thalasselis vinculó el recupero de fondos con la mejora de infraestructura y equipamiento. Mencionó la reciente incorporación de equipos de anestesia de última generación para los hospitales de Viedma, Roca, Cipolletti y Bariloche, inversiones que —subrayó— requieren mecanismos sólidos de financiamiento.

“Creemos que este es un camino que debemos seguir recorriendo. La prioridad es ordenar el sistema administrativo para financiar mejor la salud pública que queremos para la provincia”, afirmó el ministro.

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Para el Gobierno, el fallo marca un antecedente relevante en la recuperación de recursos en un contexto donde la atención pública —universal y garantizada para todas las personas, tengan o no obra social— genera gastos millonarios que deben ser reintegrados por los financiadores.

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