Otra docente que se involucra: denunció que una alumna es maltratada por su madre

La directora de un colegio secundario de una localidad rionegrina denunció que una alumna de 13 años de edad sufre hechos de maltrato de parte de su madre. Se presentó ante la Justicia para que organismos oficiales protejan a la menor.

La presentación la realizó el último 10 de marzo en una sede policial de General Conesa, y originó una causa encuadrada en la Ley 3040, que regula la “Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares”.

El requerimiento del docente apuntó a requerir que cesen los episodios hostiles contra la menor, por lo que desde la dependencia judicial se ordenaron medidas para proteger a la chiquita por el lapso de 90 días, hasta que tome intervención el Juzgado de Familia competente, a quien se le pide intervenir y disponga su continuidad.

Por las características del caso, ya se adoptaron medidas de protección para resguardar a la adolescente de posibles hechos de violencia dentro de su ámbito familiar.

Medidas para proteger a la menor

Entre las medidas preventivas que se impusieron, se le prohibió a la madre, identificada con las iniciales FE, realizar “actos de violencia de ningún tipo contra sus hijos, en particular hacia su hija de 13 años ya sea por medio de violencia física, psíquica, económica, emocional”, como también insultos, amenazas, mensajes ofensivos o denigrantes o “gritar delante de ellos”, todas actitudes tendientes a generar temor y restringir sus libertades.

Le aclararon que el Código Civil y Comercial establece que está prohibido “el castigo corporal en cualquiera de sus formas, los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a los niños o adolescentes por parte de sus padres o familiar conviviente”.

Se trata de disposiciones legales que pueden llevar a su “exclusión del domicilio de manera inmediata y con auxilio de la fuerza pública”.

Juzgado de Paz General Conesa

Además, el Juzgado de Paz pidió la intervención de la Senaf -Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia- con “carácter de urgente” para que efectúen un “diagnóstico y evaluación de riesgo” de la adolescente. Ese informe deberá contener una opinión técnica acerca de las medidas cautelares necesarias para preservar la integridad psicofísica de la niña.

En esta mima línea, también se le dio injerencia a la Defensoría de Menores e Incapaces de turno para que tome “conocimiento y consideración”.

Le advirtieron a la progenitora que las medidas son de carácter obligatorio y que de ser detectados incumplimientos la acusarán por desobediencia judicial, de acuerdo a lo que establece la normativa, que contempla arresto, multa o trabajos comunitarios.

Asimismo, le informaron que una vez que se defina mediante un sorteo el Juzgado de Familia que trabajará el caso, deberá contar con la asistencia de un abogado particular, y que en caso de carecer de recursos podrá pedir el acompañamiento legal de la Defensa Pública.

Cuando el compromiso no es solo enseñar

El aula suele ser el ámbito de resonancia donde los niños y jóvenes suelen contar sus pesares y sufrimientos en sus hogares. Hay innumerables casos que llegaron a la Justicia rionegrina promovidos por docentes comprometidos que advierten los riesgos en que pueden estar sumidos algunos de sus alumnos.

No solo se han ventilado situaciones de maltrato, sino también de ataques sexuales graves. La observación y sensibilidad de los maestros y maestras suelen ser clave para frenar la angustia y dolor de niños víctimas.