Licencias médicas: el Gobierno de Río Negro ahorró $7000 millones con las auditorías

El Gobierno de Río Negro defendió el control de licencias médicas, mientras los gremios estatales se organizan para exigir que sea derogado. El control del ausentismo mediante una empresa tercerizada generó un ahorro de 7 mil millones de pesos al Estado, se informó desde el Ejecutivo rionegrino.

El control de ausentismo por licencias médicas de los empleados públicos, implementado por el Gobierno de Río Negro, "evitó que el Estado provincial erogara un monto estimado de $9.825.197.652 entre septiembre de 2024 y abril de 2025, al rechazar licencias médicas no justificadas", informó el Gobierno en un comunicado oficial.

Los gremios estatales, liderados por la Unter, cuestionan el sistema asegurando que se rechazan pedidos de licencia que son válidos, sin una justificación médica para el rechazo. La oposición al Gobierno, por su parte, exige detalles del contrato firmado a través de la aseguradora Horizonte, para determinar cuál es el costo de la auditoría.

En el Ejecutivo aseguran que se logró un recorte de dinero que "se gastaba sin la correspondiente contraprestación del trabajo por parte del agente, ya que hacían un uso incorrecto de las licencias médicas".

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El Gobierno de Río Negro asegura que el control de licencias médicas permite un ahorro multimillonario.

El control es llevado adelante por la empresa Dienst Consulting S.A., prestador de Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. - ART de la Provincia, cuyo costo inicial es de $292.000.000 mensuales. Legisladores de la oposición reclamaron durante meses, sin éxito, que el Ejecutivo u Horizonte hicieran público el contrato para confirmar las cifras y posibles costos extra.

Entre septiembre de 2024 y abril de 2025, el servicio costó la suma de $2.336.000.000, mientras que las licencias médicas de corto plazo no convalidadas por el servicio contratado, significan una estimación de $9.825.197.652 en el periodo mencionado.

"La diferencia de $7.489.197.652 marca a las claras la efectividad del nuevo sistema implementado, justificando la inversión, que ha permitido bajar sensiblemente la cantidad de abusos al sistema que se estaban produciendo, impactando directamente en detrimento de aquellos empleados y empleadas que efectivamente cumplen día a día con sus tareas como corresponde", remarcó el Gobierno.

"Debe tenerse en cuenta que las ausencias, en muchos casos deben ser cubiertas por otros agentes, en otros casos cubiertas por recargo de horas en los que siempre cumplen con sus obligaciones y en los casos imposible de reemplazar de alguna de las maneras señaladas, se paga con menor calidad de servicio a los ciudadanos", expresó el comunicado.

El Gobierno publicó este lunes un comunicado oficial como respuesta "al Pedido de Informes" respectivo realizada desde el Ministerio de Hacienda de la Provincia a la Legislatura". El pedido de informes de la oposición no había tenido respuesta incluso luego de presentaciones ante la Justicia. Llamativamente, se hizo público mientras Unter exige convocatoria a paritarias para pedir, entre otros puntos, una revisión sobre el sistema de auditorías.

"La contratación del servicio especializado, surge como consecuencia de haberse detectado una falta total de control de las licencias de corto tratamiento por razones de salud de los agentes públicos provinciales y/o familiares, contando sólo con la intervención de las Juntas Médicas Provinciales, que si bien cumplen una función importante, sólo tienen competencia para actuar en las licencias de largo tratamiento", detalla el informe.

"Esto generaba un problema estructural en el sistema de control, ya que una parte considerable de licencias por razones de salud no era debidamente auditada y se aprobaban sin ningún control", expresó el Gobierno.

Las licencias que no se controlaban

Frente a esta situación, "con la finalidad de garantizar la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos, mejorar la gestión y evitar abusos en el sistema de licencias médicas, se decidió requerir a la empresa Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A., el servicio de Medicina Laboral, que incluye las auditorías sobre las licencias por razones médicas de los agentes de la Administración Pública Provincial, la que brinda tal servicio a través de su prestador, Dienst Consulting S.A., en el marco del contrato de afiliación entre la ART y el empleador, Gobierno de la Provincia de Río Negro", contempla el informe oficial.

"Este plan complementario de monitoreo de la salud de los empleados públicos amparados por la ART, prevé el chequeo de afecciones que ameritan licencia médica justificada, monitoreo de la salud y control de tratamientos, con el fin de prevenir y promover la salud de los trabajadores, contribuyendo a la reducción del ausentismo y su efecto perjudicial para los trabajadores que quedan expuestos a sobrecargas de tareas, procurando ambientes laborales saludables para los mismos", respondió el Ejecutivo ante los pedidos de informes.

Los gremios, por su parte, aseguran que muchas licencias se niegan sin justificación y hay antecedentes en la Justicia de reclamos a favor de los trabajadores. En algunos casos, por ejemplo, se recortaron licencias médicas a empleados que habían sido operados.

El contrato por las auditorías de licencias en Río Negro

En el contrato entre la ART y su prestador, cuya copia se remitió a la Legislatura, el costo del servicio mensual inicial se estableció en $ 5.615,38 por empleado (52.000 empleados), es decir, $ 292.000.000, lo que representaba a esa fecha un 0,003% del costo estatal que se busca optimizar con este servicio, o sea de la masa salarial. Es relevante destacar, que este control, no remplaza la actividad ni el control de las Juntas Médicas, sino que lo complementa y refuerza sus mecanismos.

Como resultado de la implementación de este control, en el primer mes -septiembre 2024- "se encontraron irregularidades o inconsistencias en el 53% de las licencias presentadas y auditadas, lo que evitó una erogación cercana a los $1.600.000.000 por licencias por enfermedad propia o de familiar a cargo, presentadas por los agentes públicos que no ameritaban su justificación. Esto demuestra el acierto y la efectividad de la decisión política de afrontar el problema del ausentismo de los empleados públicos provinciales relacionado a licencias por razones de salud y su modalidad, debido al abuso desmedido que existía al no contar con ningún tipo de control".

El legislador José Luis Berros se presentó en abril ante la Justicia exigiendo que el contrato se hiciera público. Los pedidos de informes se hicieron entre octubre y noviembre de 2024 y, hasta ahora, no habían sido respondidos.