La legislatura aprobó el protocolo para acelerar la búsqueda de menores desaparecidos

En una nueva sesión de la Legislatura de Río Negro, quedó aprobada por unanimidad la ley que establece un protocolo específico para activar en la provincia la Alerta Sofía y acelerar la localización de menores de 18 años desaparecidos o extraviados.

La iniciativa fue impulsada desde el PRO, por el legislador Juan Martin, junto con María Laura Frei, Juan Murillo y Ofelia Stupenengo, y apunta a que, ante una situación de extrema gravedad, la respuesta del Estado no dependa de trámites, demoras o de que la información empiece a circular de manera informal.

Qué dice el nuevo protocolo

Con la nueva normativa se establece que toda denuncia por la desaparición de un menor deberá ser recibida de inmediato, sin plazos de espera, para poner en marcha las actuaciones de búsqueda desde el primer momento.

El legislador que impulsó la iniciativa expresó: "Cuando desaparece un chico, cada minuto cuenta. No podemos depender de la improvisación ni de que la información circule de manera informal en las redes sociales".

La norma busca, además, ordenar la respuesta entre los distintos actores. En este sentido, la Policía, Ministerio Público Fiscal, organismos provinciales y municipales, servicios de emergencia y organizaciones de la sociedad civil deberán trabajar de manera coordinada.

También se incorpora a la estrategia de búsqueda el uso de herramientas que hoy forman parte de la vida cotidiana: redes sociales, mensajería móvil, medios de comunicación y cartelería electrónica. El protocolo contempla incluso mecanismos de difusión geolocalizada para ampliar rápidamente el alcance de la información en las zonas donde pueda ser necesario.

El proyecto con aval en segunda vuelta crea, a su vez, una Mesa Provincial de Coordinación para la Búsqueda de Niños, Niñas y Adolescentes Desaparecidos, con el objetivo de darle continuidad y organización a esa tarea conjunta.

Otro de los puntos centrales es la capacitación obligatoria para los agentes públicos que intervengan en estos casos. La intención es que quienes reciban una denuncia o participen de una búsqueda sepan cómo actuar desde el primer momento y puedan hacerlo con criterios comunes.

Las denuncias deberán recibirse de inmediato

Uno de los principales puntos de la iniciativa establece que todas las denuncias por desaparición deberán ser recibidas inmediatamente por las dependencias policiales, judiciales o administrativas correspondientes.

La norma elimina la posibilidad de exigir un plazo mínimo de espera antes de iniciar una búsqueda. Tampoco será necesario acreditar previamente circunstancias especiales para que una denuncia sea tomada por las autoridades.

La negativa o demora injustificada para recibir una denuncia será considerada una falta grave. Una vez formalizada, deberán comenzar de manera inmediata las actuaciones destinadas a localizar, encontrar y resguardar a la persona desaparecida.

Otro de los aspectos centrales establece que la posible activación de la Alerta Sofía deberá ser evaluada dentro de las tres horas posteriores a la denuncia. Sin embargo, podrá disponerse inmediatamente si existe peligro inminente para la vida o integridad de la persona.

También contempla una activación inmediata cuando la persona desaparecida tenga alguna discapacidad. De esta manera, el proyecto busca que las características particulares de cada caso sean consideradas desde el comienzo de la intervención estatal.

Qué condiciones deberán cumplirse para activar la alerta

El sistema estará destinado a personas menores de 18 años cuando exista una denuncia formal y se presuma que atraviesan una situación de riesgo grave.

Además, deberán existir datos suficientes que permitan identificar a la persona buscada y deberá considerarse que la difusión pública de la información puede contribuir efectivamente a encontrarla.

La propuesta establece una serie de medidas iniciales para evitar que cada organismo actúe de manera aislada. Entre ellas figura la intervención del Ministerio Público Fiscal y la consulta simultánea en distintos puntos estratégicos.

Hospitales, dependencias policiales, terminales de transporte, aeropuertos y pasos fronterizos estarán incluidos dentro de las primeras verificaciones. También se prevé revisar cámaras públicas y privadas y utilizar los sistemas de videovigilancia disponibles.

El protocolo contempla además la comunicación inmediata con organismos de otras provincias. En particular, se prevé establecer contacto con Neuquén, Chubut, La Pampa, Mendoza y Buenos Aires cuando las características del caso hagan necesaria una búsqueda que exceda los límites provinciales.

Cuando corresponda, también podrá solicitarse la colaboración de fuerzas federales para ampliar las tareas de localización y garantizar una respuesta coordinada en todo el territorio involucrado.