Imputaron a un ex jefe de Tránsito por usar la tarjeta municipal en licencia
La Fiscalía lo acusó de malversar fondos con el sistema YPF En Ruta durante un viaje particular a Buenos Aires; la Defensa rechazó los cargos. ¿Qué pasará ahora?
El Ministerio Público Fiscal de Río Negro formuló cargos contra un ex jefe de Tránsito de la Municipalidad de San Antonio Oeste, acusado de utilizar una tarjeta de combustible oficial durante un viaje particular mientras se encontraba de licencia.
Según explicó el fiscal Gustavo Arbués durante la audiencia, el hecho habría ocurrido entre el 20 y el 28 de diciembre pasado, cuando el imputado utilizó la tarjeta YPF En Ruta asignada por su cargo sin autorización municipal.
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La Fiscalía encuadró la conducta dentro del delito de malversación de caudales públicos, en calidad de autor, conforme a lo establecido por los artículos 45 y 260 del Código Penal argentino vigente.
La denuncia y las pruebas presentadas
El Ministerio Público Fiscal sustentó la acusación en la denuncia penal realizada el 24 de febrero de 2026 por la Secretaría de Gobierno municipal, que fue ampliada posteriormente el 20 de agosto de ese año.
En la ampliación, la denunciante detalló las funciones del imputado, la modalidad de utilización del sistema YPF En Ruta y las circunstancias en que se detectaron los consumos irregulares durante el período de licencia otorgada.
La denunciante también indicó que la comisión solicitada para viajar a Buenos Aires había sido rechazada previamente, que el hombre fue advertido de no usar la tarjeta y que los gastos fueron abonados por la Municipalidad de San Antonio Oeste.
Entre las pruebas se incluyó una nota dirigida a la Jefatura de Capital Humano con el detalle de fechas, lugares y horarios de las cargas de combustible, además de los tickets presentados por el imputado al regresar del viaje.
También se incorporó la solicitud de licencia presentada ante Recursos Humanos y una planilla de gastos correspondiente al período comprendido entre el 20 y el 29 de diciembre de 2025, por un total de $359.707,01.
Otros elementos aportados por la Fiscalía
La Fiscalía sumó además el organigrama municipal, que establece la dependencia de la Jefatura de Tránsito respecto de la Secretaría de Gobierno, y un informe del Registro de la Propiedad Automotor sobre el vehículo utilizado.
Ese informe acreditó que el automóvil pertenece al imputado y a su cónyuge. También se incorporó la resolución de la Junta de Calificación y Disciplina que, tras el procedimiento administrativo correspondiente, dispuso finalmente su cesantía en el cargo.
La postura de la Defensa Pública
La Defensa Pública, representada por Carlos Dvorzak y el defensor adjunto Adrián Zimmermann, se opuso enfáticamente a la formulación de cargos presentada por el Ministerio Público Fiscal durante el desarrollo de la audiencia.
El imputado explicó que había viajado a Buenos Aires para trasladar dos aparatos de su área que necesitaban ser calibrados y sostuvo que el uso de su vehículo particular era habitual en el cumplimiento de sus tareas.
El hombre admitió haber utilizado una aplicación para las cargas de combustible durante ese viaje, aunque insistió en que se trató de una modalidad de trabajo que mantenía desde hacía tiempo en el ejercicio de sus funciones.
Dvorzak señaló que no existe ningún documento que acredite el rechazo previo del pedido de licencia y reiteró que la modalidad descripta resultaba habitual en el marco de las tareas que cumplía el imputado en Tránsito.
El defensor agregó que posteriormente se le descontó al imputado el importe correspondiente a los consumos realizados y sostuvo que, por ese motivo, no existió perjuicio económico para las arcas del Estado municipal.
Finalmente, el juez de garantías interviniente, Fabio Corvalán, tuvo por formulados los cargos presentados por la Fiscalía y habilitó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.
Durante ese período, ambas partes deberán avanzar en la producción de prueba y en el desarrollo de sus respectivas teorías del caso, antes de que el proceso judicial continúe con las etapas procesales siguientes.
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