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Fiscalía pidió el desalojo de un predio usurpado por mapuches y penas para los responsables

El propietario de las tierras podrá volver a su propiedad, que fue el blanco de una usurpación en 2019. Miembros de la comunidad mapuche en la mira de la Justicia.

Se trata de un predio ubicado al pie del cerro Ventana, a unos 15 kilómetros del centro de Bariloche. En marzo, los integrantes de la autoproclamada comunidad mapuche fueron encontrados responsables por el delito de usurpación. Ahora el Ministerio Público pidió penas en suspenso para ellos y la restitución del predio al poseedor original.

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El titular de las tierras usurpadas en septiembre de 2019 cree que en poco tiempo podrá regresar al territorio del que fue despojado por integrantes de la familia Buenuleo, quienes irrumpieron intempestivamente en la propiedad aduciendo una reivindicación territorial.

La Justicia hizo lugar al planteo de Emilio Friedrich, poseedor de las 92 hectáreas, y culpó a los usurpadores, quienes aguardan en el territorio en litigio el veredicto final para conocer las condenas.

En el marco de una reciente audiencia de cesura, el Ministerio Público Fiscal pidió penas de dos años de prisión en suspenso para la mayoría de sus integrantes. Para el líder del grupo, en cambio, pidió otros seis meses tras encontrarlo responsable de una maniobra para frustrar el desarrollo de un juicio, a través de un llamado en el que – un cómplice- anunció la existencia de un artefacto explosivo en el edificio de Tribunales.

El plan fue ideado por Ramiro Buenuleo, cabecilla del grupo, quien además debería hacerse cargo de los costos que demandó el operativo para desalojar el edificio, si es que el Juez atiende la propuesta del Ministerio Público Fiscal.

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El litigio atravesó momentos de extrema tensión, con enfrentamientos entre los mapuches y supuestos enviados del querellante, motivo por el que la Policía de Río Negro debió asignar una custodia permanente en el perímetro de la propiedad.

Odarda y una polémica resolución para beneficiar a los mapuches

Durante el proceso, la ex titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Magdalena Odarda, emitió una resolución a contrarreloj para beneficiar a los integrantes de la comunidad a través de una resolución en la que reconoció la preexistencia de la familia en un espacio de 600 hectáreas. “Están hace más de 130 años” dijo, durante el juicio, la ex funcionaria del gobierno de Alberto Fernández, quien incluso debió declarar en una de las audiencias.

La decisión fue refrendada por el sucesor de Odarda, aunque quedó sin efecto cuando la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la declaró nula porque INAI no había cumplido debidamente el procedimiento previo al dictado de la resolución.

Pero esa no fue la única intervención del gobierno nacional en el conflicto. Los ex funcionarios de Seguridad durante la misma gestión presidencial, Sabina Frederic y Gabriel Fuks, visitaron el predio y expresaron su acompañamiento a Buenuleo y familia.

La preexistencia que menciona Odarda, no es incorrecta. Una franja importante situada en la zona sur de Bariloche, incluso, es denominada Pampa de Buenuleo, en reconocimiento al ex titular de las tierras (Antonio) abuelo del actual conductor de la comunidad.

Con el correr de los años, Antonio avanzó en la comercialización de distintas fracciones de su propiedad a varios compradores, operaciones que los herederos ponen en duda y consideran “apócrifas” ya que “se ejecutaron mediante engaños”.

Ante esa versión, la Justicia les endilgó a los integrantes del grupo autodefinido como mapuche, que intentaron ejercer su derecho sobre la propiedad de forma violenta e intempestiva y no a través de los canales que hubiesen correspondido.

Durante la reciente audiencia de cesura, la fiscalía exigió el desalojo inmediato de los imputados y la restitución al poseedor del inmueble.

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