Facturó millones a nombre de un ex cliente: la trama del fraude

Un hombre del Alto Valle descubrió de manera imprevista que acumulaba una abultada deuda de impuestos por operaciones comerciales que jamás había realizado, ni cobrado. El desconcierto inicial dio paso a una denuncia cuando la investigación reveló que alguien operaba digitalmente a sus espaldas, utilizando su identidad tributaria para mover millones de pesos.

La pista informática condujo directamente al ámbito profesional y a un vínculo laboral que se suponía finalizado. El damnificado le había entregado su clave fiscal a su ex contadora únicamente para que liquidara el último período en el que le prestó servicios, pero el acceso no concluyó con ese trámite.

Entre agosto y septiembre de 2024, el sistema de ARCA registró la confección de nueve facturas electrónicas a nombre del damnificado sin su consentimiento. Las comprobantes emitidos sumaron un total de casi 39,5 millones de pesos, lo que generó obligaciones indebidas ante el organismo recaudador y graves perjuicios económicos al denunciante para intentar regularizar su situación.

La Justicia en Villa Regina acusó a una contadora que facturó millones a nombre de un ex cliente.

Gentileza Poder Judicial Río Negro

La acusación judicial y la postura de la defensa

La maniobra salió a la luz este viernes durante una audiencia de formulación de cargos. En la sesión, la Fiscalía acusó formalmente a la contadora Carolina Apis por los delitos de acceso indebido a un sistema informático de acceso restringido, agravado por tratarse de un organismo público, en concurso real con falsificación de documento privado.

Durante la audiencia, la defensa de la imputada sostuvo que los hechos imputados se encontraban prescriptos, por lo que solicitó el sobreseimiento de la profesional y se opuso de forma subsidiaria a la formulación de cargos planteada por los fiscales.

Decisión de la jueza y plazos de la causa

Frente a los planteos presentados por las partes, la jueza de garantías Lorena Belén Chávez rechazó el pedido de sobreseimiento por prescripción y dio por formulados los cargos contra la profesional.

De esta manera, la causa quedó abierta formalmente y la magistrada fijó un plazo de cuatro meses para llevar adelante la investigación preparatoria.

La contadora acusada enfrenta una pena de hasta 3 años de prisión, por lo que recibiría una pena de ejecución condicional. Sin embargo, en caso de ser declarada culpable corre riesgo de ser inhabilitada por hasta diez años. En casos similares, se contempló el artículo 20 bis del código penal que contempla inhabilitación especial de 6 meses a 10 años por cometer un delito haciendo "abuso de su profesión" ya que para poder emitir las facturas sin consentimiento utilizó la clave fiscal que le fue confiada por su función de contadora del denunciante.