Colegios privados: cómo afectará en Río Negro la desregularización que definió Nación
La titular de Educación Privada de la provincia explicó el alcance de la desregulación anunciada esta semana.
El decreto publicado esta semana por el Gobierno nacional, que elimina la intervención del Estado en la fijación de cuotas de los colegios privados, abrió un debate sobre sus posibles efectos en las provincias. Paula Sarramone, directora de Educación Privada del Ministerio de Educación provincial, se refirió al tema en una entrevista con CNN Radio Roca.
“En la jurisdicción de Río Negro no va a haber novedades en relación a cómo se venían trabajando con el tope de cuota, con la regulación y la legislación que afecta justamente al movimiento económico y la relación entre las familias y las escuelas de gestión privada”, señaló Sarramone, al remarcar que la provincia cuenta con un marco legal propio, consolidado y vigente.
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Según precisó, “no hay novedades porque esta desregulación no impacta en el sistema que nosotros tenemos normado a través de una ley, la Ley Orgánica de Educación, y la Resolución 1195, que es la que aclara todos los aspectos de la vida de la gestión privada educativa”.
Un sistema provincial ya descentralizado
Río Negro —como el resto de las provincias argentinas— asumió hace años la administración integral de su sistema educativo, tras el proceso de descentralización iniciado a nivel nacional. Por eso, la relación entre el Estado provincial y las instituciones privadas ya está regulada localmente.
“Cada una de las jurisdicciones ha generado una normativa específica que regula la vida de todos los niveles educativos. En particular, esto, a partir del 2012, está legislado con muchísima claridad”, explicó la funcionaria.
En ese marco, la directora recordó que el sistema de gestión privada se divide en dos grandes grupos: las escuelas aranceladas, que no reciben aportes del Estado provincial, y las escuelas de gestión privada y de gestión social, que sí reciben subsidios para cubrir parte de los salarios docentes.
De esa diferencia se desprende la existencia de dos regímenes distintos para la determinación de cuotas. “Los topes de cuota máxima se legislan a través de resoluciones para las escuelas que reciben aportes. Las escuelas que no reciben aportes tienen liberada la cuota desde el origen. Nunca tuvieron una reglamentación que las limitara”, detalló.
Contrato entre partes y claridad para las familias
Sarramone destacó que la relación entre las escuelas privadas y las familias se basa en un contrato entre particulares, que se renueva cada año al momento de la rematriculación.
“La gestión privada se caracteriza por tener un contrato entre partes: entre el dueño de la escuela, el representante legal, la fundación, la iglesia o quien sea la figura jurídica que gestiona la escuela, y las familias que eligen esa opción”, señaló.
Por eso, enfatizó, “todos los años se renueva un contrato entre las partes. Parte de esa renovación es la explicitación del concepto de cuota necesario para el ciclo siguiente. Los papás, cuando hacen la renovación y la rematriculación, saben qué es lo que van a pagar el año siguiente”.
De este modo, la regulación provincial no interviene en las instituciones sin aporte estatal, pero sí exige transparencia: las familias deben conocer con anticipación los valores y las condiciones de pago. “Si uno elige una escuela arancelada, elige con las condiciones que la escuela tiene la obligación de contarle a la familia con muchísima claridad: cuánto va a ser la cuota, cuántas cuotas, si le van a cobrar 12 cuotas o 10 y dos en concepto de matrícula, en qué condiciones se va a renovar este contrato para el ciclo lectivo siguiente”, detalló la funcionaria.
Escuelas subvencionadas: topes, comisiones y resoluciones
En el caso de las escuelas privadas que reciben subsidios, Sarramone explicó que el cálculo de las cuotas se establece mediante una comisión mixta integrada por representantes del Estado y del sector privado educativo.
“Hay una comisión que se reúne —compuesta por representantes legales, las cámaras de las escuelas, el Consejo de Escuelas Católicas, las escuelas adventistas, bautistas, las no confesionales, la Dirección de Educación Privada y la Secretaría de Administración Financiera— y se llega a un consenso de los costos”, indicó.
Ese tope —aclaró— se revisa periódicamente y se actualiza cada vez que hay impactos salariales, cuando se vuelve a reunir esta comisión y determina en qué medida ese ajuste se traslada a la cuota, “ya que el 80 % de la cuota está destinada a la atención de los salarios docentes.”
“La educación es un derecho”
Consultada sobre los casos en los que una familia no puede sostener el pago, Sarramone subrayó que, más allá del contrato económico, la educación es un derecho y no puede interrumpirse durante el ciclo lectivo.
“No es un servicio cualquiera esto, la educación es un derecho. Por lo tanto, una vez que hay un alumno matriculado en una institución, el compromiso es para el ciclo lectivo completo. La escuela debe garantizar el derecho a la educación de ese estudiante”, afirmó.
Si bien una institución puede no renovar la matrícula para el año siguiente en caso de incumplimiento de pago, el Ministerio de Educación asume la responsabilidad de garantizar una vacante en el sistema estatal.
La matrícula de los colegios privados en Río Negro
Actualmente, entre un 20 y un 25 % de la matrícula total de la provincia asiste a instituciones privadas. El crecimiento ha sido sostenido pero moderado en los últimos años, con una mayor presencia en los niveles inicial y primario.
Para la funcionaria, el aumento —aunque leve— se explica en parte por la extensión de jornada que ofrecen muchas de estas escuelas. “Yo tengo la teoría de que tiene que ver con que las escuelas de gestión privada tienen la oferta de las extracurriculares, lo que implica una extensión de jornada. Entonces, a mucha gente, sobre todo clase media, le simplifica llevar a su niño en inicial o primaria a las 7 de la mañana y poder retirarlo a las 2 de la tarde”, analizó.
También señaló que en los últimos años se observa un incremento en la cantidad de instituciones, sobre todo en los niveles maternal, inicial y primario, mientras que la oferta de nivel secundario se mantiene estable.
“Cada vez tenemos más escuelas, y justamente la necesidad de la autorización de funcionamiento de las escuelas de gestión privada tiene que ver con instituciones de nivel maternal, inicial y primario. Al tener mayor lugar donde alojarlos, hay mayor cantidad de inscriptos y es más numerosa la proporción de estudiantes”, concluyó.
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