Salud y educación ya no serán gratis para extranjeros en Río Negro

En su última sesión, la Legislatura de Río Negro sancionó la ley que establece el cobro de aranceles a extranjeros con residencia transitoria o precaria por el acceso a los servicios públicos de salud y educación superior en la provincia. La norma, que ya había superado la primera vuelta en agosto, quedó definitivamente aprobada tras un intenso debate que incluyó rechazos de organizaciones migrantes y aclaraciones de los autores del proyecto.

La ley crea dos fondos especiales que se nutrirán de los aranceles aplicados:

Fondo Especial para la Salud Pública, destinado a financiar la atención en hospitales y centros de salud, adquirir equipamiento médico, capacitar personal y sostener programas sanitarios. Fondo Especial para la Educación Pública, cuyo objetivo será fortalecer la infraestructura y funcionamiento de los establecimientos educativos de nivel superior, como el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA).

Al mismo tiempo, la norma garantiza la atención de todos los extranjeros en situaciones de urgencia y emergencia, y faculta al Poder Ejecutivo a celebrar convenios de reciprocidad con otros países para garantizar igualdad de trato.

E.C.P HOSPITAL (4)

Para los residentes permanentes, no tendrá cobro pero sí para los transitorios. Solo se garantizan urgencias o emergencias.

Estefania Petrella

El trabajo en comisiones y la resistencia

Días antes de la sesión definitiva, el proyecto fue analizado en comisión. Allí se hicieron presentes representantes de comunidades migrantes que residen en Río Negro desde hace décadas. Vecinos nacidos en Chile, Perú, Bolivia y Uruguay pidieron postergar el segundo tratamiento de la iniciativa para ampliar el debate fuera del recinto legislativo.

Uno de los voceros fue Abner Lobos Franco, chileno radicado en la provincia hace más de 50 años. “Toda esa colectividad está siendo agraviada, en un país donde la Ley de Migraciones es ejemplar e imitada por muchos países. A partir de ahora se inicia otro trato con los inmigrantes. Lo que se está haciendo es quitar un derecho histórico”, expresó.

Lobos criticó además los argumentos de reciprocidad: “No sirve decir que en otro país no atienden a un argentino como acá. Lo que corresponde es tener muñeca política para convencer a esas autoridades y lograr los mismos derechos”. También cuestionó la factibilidad de la medida: “Según el informe de la Universidad Nacional de Río Negro, hay alrededor de 1.500 inmigrantes en la provincia. ¿Van a montar oficinas de cobro para eso? ¿Cuánto va a salir?”.

colectividades extranjeras en comision legislatura rio negro

Miembros de diversas colectividades, cuestionaron la medida esta semana en el debate de comisión.

Gentileza

Los fundamentos de los autores

El legislador Lucas Pica (JSRN), autor de la iniciativa junto a Facundo López, aclaró en la sesión que el proyecto no alcanza a los extranjeros con residencia permanente o temporaria, quienes continuarán accediendo en igualdad de condiciones que los argentinos.

“El objetivo es que los residentes transitorios y precarios contribuyan a solventar las erogaciones que generan en los sistemas de salud y educación. No se trata de discriminación por origen, sino de un criterio basado en el tipo de residencia, su finalidad y duración”, afirmó.

Pica enfatizó además que uno de los ejes centrales de la norma será la posibilidad de firmar convenios de reciprocidad con otros países, de manera que los rionegrinos cuenten con iguales beneficios cuando necesiten atención o cursar estudios en el extranjero.

Votación y cierre del debate

Con mayoría oficialista, la Legislatura avanzó en la sanción definitiva de la ley, que había tenido media sanción en agosto. En aquel momento, Pica ya había defendido la medida como una forma de “custodiar el patrimonio de todos los rionegrinos” y priorizar a quienes pagan impuestos provinciales.

La discusión dejó expuestas dos posturas: de un lado, la del oficialismo, que considera el cobro una herramienta de sostenibilidad financiera para los sistemas públicos; del otro, la de las comunidades migrantes y sectores opositores, que lo interpretan como una restricción de derechos adquiridos y un retroceso en la tradición argentina de hospitalidad.

Con la sanción ya firme, el próximo paso será la reglamentación de la ley por parte del Poder Ejecutivo provincial, que deberá definir los montos de los aranceles y los mecanismos de aplicación, así como la eventual apertura de negociaciones bilaterales con los países de origen de los inmigrantes residentes en Río Negro.