Su ex la denunció por violenta y ahora ella no puede pasar ni por el frente de su vivienda

Un vecino de la localidad rionegrina de Fernández Oro denunció por hechos de violencia a su ex pareja. La presentación la hizo días atrás en la Comisaría 26. No se dan detalles de la acusación ni cuáles son los actos de hostilidad enrostrados. Pero fue encuadrada en lo que establece la Ley 3040, que regula la “Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares”, por lo que el expediente fue girado al Juzgado de Paz local.

La acusación motivó que Gabriela Rodríguez, titular de la dependencia judicial, dictara una serie de medidas para proteger al hombre y garantizar que “cese la situación denunciada”, pero además pidió la intervención del Ministerio Público Fiscal ante la posibilidad de que se hubiera cometido un delito correspondiente a ese fuero.

En primer lugar, estableció la prohibición de acercamiento de la mujer a menos de 50 metros del domicilio de la víctima y a transitar por el frente de la vivienda, como así también mantener “una distancia prudencial” en lugares donde se encuentren o transiten, sean tanto públicos como privados. Todo por el termino de 90 días.

La resolución del Juzgado de Paz de Fernández Oro impuso la restricción perimetral y exclusión del hogar contra los dos hijos de la mujer.

Además, le ordenó a la chica que tampoco tiene que provocar agresiones, actos molestos o de hostigamientos en forma personal o mediante llamados telefónicos o mensajes agraviantes o amenazantes por redes sociales, como Facebook; Instagram o whatsapp.

La resolución le advierte a la denunciada que en caso de incumplimiento será sancionada de acuerdo a lo que establece la normativa provincial, consistente en arresto, multa económica o trabajo comunitario. Incluso la podrían responsabilizar por cometer el delito de desobediencia de una orden judicial que establece sanciones previstas en el Código Procesal de Familia. Mientras que si se constata que tuvo una “clara intensión de violar las prohibiciones o omitir las obligaciones impuestas”, le darán intervención a la Fiscalía.

Por otra parte, el dictamen ordena a ambas partes que deberán presentarse a entrevista a fin de evaluar si requieren iniciar tratamiento con la psicóloga del Hospital más cercano a sus domicilios, donde deberán acudir al servicio de salud mental para acordar la “modalidad del tratamiento si correspondiere”.

Cómo seguirá la causa judicial

Pero la intervención judicial no termina ahí, dado que la magistrada también dispuso equerir la injerencia al Juzgado de Familia de Cipolletti. Para acudir a esa instancia deberán contar con el acompañamiento de un abogado particular, aunque en caso de no contar con recursos económicos suficientes podrá requerir asistencia legal gratuita en el CADEP (Centro de Atención de la Defensa Pública).

En tanto que ante la alternativa de que la denunciada hubiera cometido un delito, la jueza requirió enviar un oficio a la Fiscalía para que determine si corresponde su participación.

Asimismo, indicó que queda abierta la posibilidad de solicitar el auxilio de la fuerza pública para dar cumplimiento a lo resuelto, por lo que ante el caso de urgencia el damnificado podrá requerir auxilio a la Comisaría 26. Efectivos de esa unidad habían sido encomendados para informar al hombre y a la mujer las medidas tomadas.