Once años de cárcel para un hombre que asaltaba viviendas en Cipolletti y General Roca

Un hombre cumplirá 11 años de prisión efectiva luego de reconocer su participación en una asociación ilícita que operó en General Roca y Cipolletti. El imputado, detenido en prisión preventiva desde noviembre de 2025, admitió su responsabilidad en una audiencia de juicio abreviado desarrollada este jueves ante el Tribunal Colegiado.

Durante la audiencia, el acusado reconoció haber participado en nueve de los quince hechos delictivos atribuidos a la organización. También admitió integrar formalmente la asociación ilícita, que desplegaba tareas previas de vigilancia sobre viviendas seleccionadas como objetivos antes de concretar los robos.

El modus operandi de la banda

La fiscal jefe Belén Calarco detalló el procedimiento habitual del grupo: arribaban en uno o dos vehículos previamente sustraídos, ingresaban de forma violenta por puertas traseras tras escalar paredones y techos, reducían a las víctimas con armas de fuego y luego las ataban con alambres o precintos para inmovilizarlas.

La fiscal Verónica Villarruel amplió la descripción del accionar delictivo. Exigían dólares a las víctimas y la ubicación de sus cajas fuertes para sustraer dinero, oro y dispositivos electrónicos, exceptuando teléfonos celulares. Además se llevaban los equipos DVR utilizados para almacenar las grabaciones de las cámaras de seguridad domiciliarias.

Una investigación con múltiples fuentes de prueba

La Fiscalía sostuvo la acusación con el trabajo de la Comisión Investigativa Judicial de la Policía de Río Negro, creada especialmente para esta causa. El equipo, integrado por agentes policiales, trabajó bajo la coordinación directa del Ministerio Público durante todo el proceso de recolección probatoria.

Se sumó el análisis exhaustivo de cámaras del servicio 911 y de particulares, cotejado con declaraciones testimoniales y pericias técnicas. La Oficina de Investigación en Telecomunicaciones aportó la ubicación de antenas de los celulares de los imputados, determinando los lugares donde ocurrieron los distintos hechos delictivos.

La fiscal Eugenia Vallejos destacó el aporte de la División de Delitos Complejos del Gabinete de Criminalística. Ese equipo resultó clave para preservar las escenas del crimen y resguardar el levantamiento de rastros, muestras odoríficas y material genético utilizado como prueba en la causa.

La Oficina de Atención a la Víctima intervino con entrevistas y análisis victimológicos a todas las personas damnificadas. También se sumaron denuncias penales, actas policiales, croquis ilustrativos y testimonios de vecinos que alertaron al 911 durante la comisión de algunos hechos.

Las requisas de vehículos y los allanamientos arrojaron resultados positivos, incluido el secuestro de un equipo de comunicación con acceso a doce frecuencias policiales. Tras la pericia correspondiente, se confirmó que ese dispositivo no formaba parte del patrimonio de la Policía de Río Negro.

Cómo continúa el proceso judicial

El Tribunal Colegiado homologó el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa particular. El hombre fue declarado penalmente responsable y deberá cumplir once años de prisión. La defensa solicitó además la unificación de esta pena con otra condena que el imputado ya tiene registrada.

Ante ese pedido, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 7 de julio a las 11:00 horas. En esa instancia se resolverá formalmente la unificación de condenas solicitada por la defensa particular del hombre sentenciado en la jornada de este jueves.

La situación procesal del resto de los imputados

En una audiencia posterior al juicio abreviado, las partes acordaron prorrogar hasta el 13 de agosto las prisiones preventivas de cinco imputados vinculados a la causa. Dos de ellos permanecen bajo la medida cautelar de tobillera electrónica como mecanismo de control judicial.

Otros dos imputados cumplen actualmente prisión preventiva por una causa distinta, mientras que los dos restantes están sujetos a medidas cautelares que garantizan los fines del proceso judicial en curso. En total, once personas continúan formalmente vinculadas a esta causa con cargos formulados.

Restricciones sobre la difusión de datos

El Tribunal Colegiado dispuso la prohibición de publicar datos personales y fotografías tanto del hombre condenado como del resto de los imputados en esta causa. La medida busca resguardar una prueba de reconocimiento aún pendiente de producción en el marco del proceso.

La decisión judicial responde a que la identificación pública de los acusados podría alterar el resultado de esa diligencia probatoria. Se trata de una medida cautelar orientada a preservar la validez de futuras instancias procesales dentro de la causa que investiga a la asociación ilícita.