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Insólito: denunció a su esposa por violencia de género y la Justicia le dio la razón

El hombre hizo la presentación en la policía pero no pidió medidas restrictivas, sino que le brindaran atención terapéutica. La Justicia de Paz encomendó enviarla a un establecimiento neuquino.

Una denuncia por violencia de género presentó un hombre de Cinco Saltos contra su cónyuge. Pero no pidió medidas restrictivas, como prohibición de acercamiento u otras de protección, sino que le brinden atención terapéutica por su consumo problemático.

El expediente recayó en el Juzgado de Paz de la localidad, cuyo titular Enzo Espejo, convocó a la pareja a audiencias particulares llevadas a cabo el 12 de septiembre y el 16 siguiente. De esos encuentros surgió un pedido coincidente, consistente únicamente en solicitar un turno en un establecimiento de Neuquén para el tratamiento de las adicciones que padece la mujer.

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El magistrado accedió al requerimiento, al considerar que resultaba oportuno acompañar a las partes en su petición y en consecuencia librar un oficio a una institución neuquina para que, en la medida de sus posibilidades, le otorgue a la mujer "un turno prioritario a fin de encauzar un tratamiento para sus adicciones".

El Juzgado de Familia evaluará los riesgos

Espejo encomendó a ambos la realización del trámite para iniciar el procedimiento médico. Además dispuso elevar la causa a la Unidad Procesal de Familia de Cipolletti para que contemple lo previstos en el Código Procesal de Familia rionegrino respecto a la evaluación de riesgos, dado el relato expresado por el denunciante.

Les aclaró Espejo que en caso de tener que continuar el proceso en el ámbito del fuero familiar, deberán contar con patrocinio legal obligatorio, por lo que podrá designar un abogado de su confianza. Aunque de padecer situaciones de vulnerabilidad o falta de recursos que no les permitan contratar un abogado, podrán asistir a las Defensorías de Pobres y Ausentes para acceder al servicio de asistencia legal gratuita.

Otro caso conmovedor

El juez de Paz de Cinco Saltos resolvió un caso similar en febrero de este año en el que una mujer denunció a su pareja y padre de su hijo porque se ponía agresivo cuando cuando tomaba cocaína. Del mismo modo, pidió que lo obligaran a realizar un tratamiento psicoterapéutico para enfrentar su adicción.

En la presentación, relató que la relación se había tornado “muy tóxica y violencia”, pero que todo se agrava cuando inhala la droga. Entonces, dijo que “comienza a celarla y ponerse agresivo”.

“Son celos excesivos a tal punto que terminan agrediéndose físicamente”, advirtió. Sin embargo no pedía que le impusieran medidas para alejarlo, como la exclusión del hogar o prohibición de acercamiento. Pretendía que lo obligaran a realizar “terapia o un tratamiento para sus adicciones”, porque ese era la causa de su hostilidad, recalcó.

Mejoró la relación tras la denuncia

La chica destacó que después de la denuncia el vínculo había mejorado “satisfactoriamente”, según expreso. Contó que ambos comenzaron a concurrir a una iglesia y que él “empezó a ocuparse y enfocarse” en su oficio, y que ella ayudó a comprarle herramientas que necesitaba.

Espejo consideró que pese, a los intentos justificativos de la mujer y tal como se encuentran el escenario, “las relaciones intrafamiliares continuarían bajo un riesgo potencial”.

Precisó que, de acuerdo al testimonio de la chica, “se advierten la existencia de indicadores de riesgo que estarían principalmente relacionados al consumo problemático de sustancias” que padece el hombre.

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La chica hizo la denuncia para que su pareja se someta a un tratamiento terapéutico. Dice que la cocaína lo pone agresivo.

La chica hizo la denuncia para que su pareja se someta a un tratamiento terapéutico. Dice que la cocaína lo pone agresivo.

Resaltó sus “celos excesivos” y lo que deriva de ello: agresiones. Por lo que el magistrado concluyó que era “prudente y adecuado” aceptar lo pedido por la denunciante.

El juez dispuso, aplicando un abordaje con perspectiva de género en clave de derechos humanos, medidas precautorias por el término de 90 días, de acuerdo a lo que señala la Ley 3040 que regula la Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares.

Entre las pautas le ordenó al acusado realizar “de manera obligatoria tratamientos psicoterapéuticos a través de programas reflexivos, educativos, de prevención y erradicación de la violencia familiar, a fin de internalizar su responsabilidad, abandonar y deslegitimar sus comportamientos violentos”.

Asimismo el abordaje profesional deberá atender su “problemática de adicciones” con un tratamiento adecuado.

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