Brutalidad en el calabozo: un policía golpeó con puños y patadas a un detenido esposado y fue condenado

Un Tribunal de Cipolletti condenó a un policía a tres años de prisión en suspenso y le prohibió ejercer cualquier función en la fuerza durante seis años. La sentencia respondió a un episodio de violencia ocurrido en julio de 2023 en la Comisaría Séptima de Cinco Saltos, donde un detenido fue brutalmente agredido mientras estaba esposado.

Ahora es la jefatura de Policía la que debe inhabilitarlo efectivamente dándole la baja, porque no se puede reasignar funciones.

La víctima había sido arrestada por resistencia a la autoridad y trasladada al calabozo de la comisaría. Según las pruebas presentadas, el oficial lo golpeó con puños y patadas, ocasionándole lesiones graves, como fracturas y contusiones, que lo dejaron incapacitado laboralmente durante más de un mes.

El caso incluyó la confesión del acusado, los registros de las cámaras de seguridad y los informes médicos, que resultaron determinantes para el fallo.

Comisaría Séptima Cinco Saltos

Inhabilitación y pautas de conducta

Además de la inhabilitación para ejercer funciones policiales por seis años, el condenado deberá cumplir pautas de conducta durante dos años. Entre estas se incluyen la obligación de fijar domicilio, presentarse mensualmente ante el Juzgado de Paz, someterse al control del patronato de liberados y abstenerse de consumir alcohol y drogas. Cualquier incumplimiento de estas medidas podría derivar en la revocación de la pena en suspenso.

La resolución judicial destacó que la sanción busca prevenir futuros abusos por parte de quienes ejercen funciones de autoridad. Según el tribunal, la inhabilitación "resulta proporcional a la gravedad del hecho y necesaria para resguardar la integridad de las personas que quedan bajo custodia del Estado".

En paralelo, la víctima anunció que demandará al Estado provincial por los daños y perjuicios derivados de la agresión sufrida mientras estaba detenido. La acción civil tiene como objetivo obtener una reparación por las consecuencias físicas, psicológicas y laborales que dejó el hecho. Este reclamo se fundamenta en la responsabilidad del Estado por los actos ilícitos cometidos por sus agentes en ejercicio de sus funciones.

La sentencia quedó firme tras la renuncia de las partes a los plazos de impugnación, y se ordenó informar a las autoridades policiales y al Registro Nacional de Reincidencia para garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas.