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Pese al pedido de Fernández, prohíben ingresar alimentos a la toma

Un juez reiteró la prohibición de comida a mapuches que ocupan un campo en Cuesta del Ternero. Ayer el ministro Aníbal Fernández había autorizado la asistencia.

Luego de la reunión que el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández mantuvo con representantes mapuches y la APDH, donde prometió asistencia con alimentos y abrigo para las personas que participan de la toma en Cuesta del Ternero en El Bolsón, la Justicia de Río Negro volvió a rechazar el ingreso de víveres.

Según publicó el diario El Cordillerano, este miércoles se realizó una audiencia y el juez Bernardo Campana confirmó la formulación de cargos que pesa sobre cuatro personas vinculadas a la ocupación de tierras en Cuesta del Ternero, prolongó la medida cautelar de restricción de acercamiento hacia la víctima por un mes y rechazó la posibilidad de que las personas que permanecen en la toma, reciban alimentos, abrigo y otros artículos esenciales.

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El juez de Garantías Ricardo Calcagno había desestimado la extensión de las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía y la querella porque ninguno de los cuatro imputados en la usurpación de Cuesta del Ternero se había presentado a la audiencia, ante la falta de una notificación certera por parte de la Oficina Judicial.

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Apenas horas después, en otra audiencia a cargo del juez de Revisión Bernardo Campana, la defensa apeló la formulación de cargos aprobada semanas atrás y la fiscalía y la querella insistieron en la prórroga de las medidas cautelares, que vencían este miércoles 6. Además, la defensa también insistió en el pedido de ingreso de víveres y abrigo a los miembros de la autodenominada comunidad Lof Quemquemtreu que permanece dentro de un campo reclamando la propiedad ancestral de la tierra.

Los defensores oficiales Marcos Miguel y Blanca Alderete pidieron que se deje sin efecto la formulación de cargos aceptada por el juez de Garantías Sergio Pichetto el pasado 24 de septiembre, señalando que la fiscalía no apostó al diálogo para lograr la pacificación ciudadana y la solución al conflicto primario. Entendieron que debía convocarse a una mesa de diálogo amplia, con todos los actores interesados, para buscar una solución política y no judicial.

Además reclamaron que se permita el ingreso de alimentos, abrigo y otros enseres esenciales para las personas que permanecen dentro del predio en conflicto con el privado que denunció la usurpación.

La fiscalía y la querella, a cargo de Betiana Cendón y Ernesto Saavedra, respectivamente, rechazaron los planteos defensivos destacando diversos ribetes de la causa judicial que se inició promediando el mes de septiembre, cuando comenzó la ocupación del lote en cuestión.

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