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Ordenaron el desalojo total de la usurpación de una ripiera

La jueza Rita Lucía dispuso la medida para hacer cesar el conflicto que lleva 75 días. Los ocupantes están dispuestos a retirarse de forma pacífica, si el Municipio les brinda una ayuda económica.

La ocupación ilegal de la parcela privada donde funciona una ripiera, en cercanías al viejo asentamiento La Alameda, lleva 75 días. La jueza Rita Lucía consideró que los ocupantes tuvieron tiempo suficiente para reflexionar y ejercer su defensa, de modo que ya no se puede dilatar más una respuesta real y efectiva que ponga fin al conflicto. Este jueves, avaló los planteos de la fiscalía y la querella, y ordenó el desalojo de la totalidad del predio, ni bien quede firme la sentencia.

El desalojo recae sobre los ocupantes que están imputados, como también aquellos que no se presentaron ante la Justicia, pese a los reiterados intentos que hicieron los funcionarios judiciales para notificarlos personalmente, incluso mediante el uso de la fuerza pública. "A lo largo de todo este tiempo, perfectamente podrían haberse acercado a los organismos judiciales para preguntar cuál era su situación y no lo han hecho. No tuvieron la voluntad ni invocaron un mejor derecho", acotó la magistrada.

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Aún así los invitó a que se acerquen a las oficinas judiciales, si quieren hacer alguna declaración.

De esta manera, la jueza puso fin a un conflicto que podría dilatarse mucho más en el tiempo si cediera a la pretensión de la defensa para acusar formalmente a todos los ocupantes de una toma que, además, fluctúa día a día. Los que salen e ingresan y permanecen allí no son siempre los mismos.

Durante la audiencia judicial, advirtió que de seguir amparando el derecho de defensa de los imputados, y no se genera la desocupación del inmueble, su resolución es "ineficiente", a los fines de dar una respuesta a los propietarios del terreno (familia Tirabassi-) y los que trabajan en la ripiera (los hermanos Jara).

"El planteo que nos tenemos que hacer es el siguiente: solo hacemos resoluciones que cumplan los requisitos legales, simplemente declarativas, o también generamos una respuesta real y efectiva a las víctimas", apuntó la jueza.

En ese sentido resolvió el conflicto. Con el desalojo, dio una respuesta efectiva para que las víctimas puedan recuperar su derecho. "La usurpación es un delito instantáneo que provoca perjuicios permanentes, y es una obligación de los jueces hacer cesar los delitos que se están ejecutando", sostuvo la jueza.

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Se apoyó en los argumentos ratificados por el juez de revisión Guillermo Baquero Lazcano, sobre que los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro; y añadió: "Vivimos en un Estado de derecho, y lo debemos defender porque es lo único que nos permite vivir en comunidad y razonablemente".

La jueza consideró que no podía resolver el conflicto de otra manera, además, porque el desalojo ya lo había ordenado por una parte del inmueble.

Tuvo en cuenta las manifestaciones de aquellos imputados que están dispuestos a retirarse de forma pacífica, pero piden al Municipio que los ayude para encontrar trabajo o acceder a un terreno. Al respecto, exhortó a las partes a llegar a un acuerdo, pero la orden del desalojo quedó clara, como así también el deseo de que no se llegue a la fuerza para resolver el conflicto aún abierto.

"Los que quieran decir algo, serán escuchados, pero no puedo avalar que se siga con una clara actitud de entorpecimiento para materializar la medida y darle una definitiva resolución al conflicto", concluyó.

La fiscalía y la querella pidieron que el desalojo se materialice el 11 de diciembre, pero el plazo va a correr una vez que la resolución judicial quede firme. Se recordó, entonces, que la desocupación tiene que realizarse durante el día y ante la presencia de fiscales, defensores de la Niñez y la Adolescencia y otros organismos públicos como el Senaf y el Municipio.

La ocupación se forjó el pasado 20 de septiembre, tras haber ingresado por la fuerza y de manera clandestina a un predio de privado que es explotado por una ripiera. Rompieron el cerco perimetral, colocaron carpas y luego delimitaron parcelas y talaron árboles para armar casillas. La mayoría de ellos son jóvenes e hijos de otros pobladores que residen en La Alameda.

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