Nadie pagó las multas por violar restricciones al aislamiento obligatorio

Pasaron más de 8 meses de pandemia por Covid-19, y la gente que no cumplió con las restricciones todavía no paga la multa que recibió en su momento. Algunos descargos se están evaluando, pero hay argumentos que no son procedentes porque ya caducaron en el tiempo o son inadecuados. Otros infractores directamente ni se presentaron a dar una explicación; y muchos expedientes ya tienen sentencia firme y fueron remitidos al área de Legales del Municipio para su ejecución.

"A la fecha, nadie se ha presentado a abonar la multa", afirmó la titular del Juzgado de Faltas municipal, Cecilia San Pedro, a LMCipolletti.

La falta de pago pone en la mira a todos aquellos particulares que, por ejemplo, realizaron fiestas clandestinas que no cumplieron con ningún protocolo para evitar el riesgo de contagio por Covid-19. Hubo casos que fueron resonantes, como la reunión multitudinaria que convocó una familia de gitanos en el barrio Manzanar Milenium, en agosto pasado, y provocó mucho ruido y quejas en una calle que se pobló de camionetas 4 x 4. Por el hecho denunciado, los responsables del festejo tendrían que pagar una multa de $250.000.

Otro escándalo que tuvo repercusiones públicas fue otra fiesta que se llevó a cabo en el barrio San Lorenzo, en septiembre pasado. Más precisamente, en la calle Vucetich al 1.900. La reunión familiar que violó las restricciones sanitarias terminó en graves incidentes cuando llegó la Policía: apedrearon los móviles de la Comisaría 32 y dos jóvenes fueron detenidos. En la ocasión, también intervino la fiscalía y el Juzgado de Faltas dispuso una multa de $220.000.

O bien, el evento social del cual participaron alrededor de 30 personas en el quincho de una chacra, y que tuvo lugar el pasado 23 de octubre. El hecho se dio a conocer por las historias de Instagram que subió uno de los organizadores. También tuvo difusión pública, y una vez que los responsables fueron individualizados, el Juzgado de Faltas impuso una multa de $250.000 que sigue impaga.

En el expediente, la chacra cipoleña del escándalo suma el antecedente de otra sanción de $150.000, por una juntada sin medidas de seguridad para hacer gimnasia. Ni siquiera el lugar estaba habilitado para funcionar como tal.

Fiesta clandestina

Otras fiestas prohibidas que violaron las restricciones sanitarias recibieron su castigo, aunque no fueran mediatizadas, por un monto similar de dinero. Se añaden las sentencias administrativas que recaen sobre los propietarios de canchas que no respetaron el decreto nacional cuando no era posible realizar partidos de fútbol. Una de ellas recibió una multa de $250.000 y la otra, la más cara de $400.00, porque ni siquiera contaba con la habilitación comercial.

Una de las canchas que violó las restricciones está en la calle San Luis. Llamó la atención de algunos vecinos ocasionales que pasaron por el lugar y denunciaron el hecho porque había niños jugando al fútbol cuando todavía no estaba permitido. La otra cancha infractora está en calle Ecuador.

"Las confiterías céntricas que no cumplieron con las restricciones fueron todas notificadas, pero por el momento nadie se presentó a abonar. La gran mayoría de los comercios realizaron sus descargos y algunos se están analizando", agregó la jueza de Faltas consultada.

Un ejemplo fue Kpla Bar, cuando a comienzos de la cuarentena permitió el ingreso de más de 300 personas. Los inspectores pidieron al dueño que lo vaciara y, luego, clausuraron el lugar. Otro caso fue El Gato, un bar que fue infraccionado en julio pasado porque para el Día del Amigo excedió la capacidad permitida, no respetó la distancia social de 2 metros entre sí ni el uso de barbijo. En su momento, su dueño aseguró que cumplió con el protocolo y se tuvo que enterar por los medios de la clausura.

Clausura de El Gato pub

Anahí Cárdena

La jueza contabilizó, además, más de 70 infracciones a comercios medianos y pequeños, la mayoría de los cuales no respetaron los horarios de cierre establecidos por resolución. En estos casos, las multas rondan entre los $50.000 y $75.000. "Esos expedientes se calificaron como de incumplimiento a normas sanitarias", indicó San Pedro.

Pasados los 30 días hábiles, las sentencias firmes van del Juzgado de Faltas hacia el área de Legales. Si los responsables apelan en esa instancia, entonces ya interviene la Justicia ordinaria. El Municipio no tiene poder para revisar causas que se impugnan.