Los violentos motochorros no zafaron del juicio

Los delincuentes querían pagar 7 mil pesos. El juez y el fiscal se opusieron.

Los motochorros cipoleños que ofrecieron pagarle a la víctima 7 mil pesos, en dos cuotas, para reparar el daño que le causaron no podrán zafar del juzgamiento en su contra. Ayer, el juez Marcelo Gómez resolvió no hacer lugar a la probation –suspensión del juicio a prueba- que le pidió el defensor oficial Juan Pablo Piombo en favor de los imputados. Se trata de Javier Molina, de 19 años, y Emiliano Nicolás Arruiz, de 21. Uno vive en el barrio Los Sauces y el otro, en El Manzanar.

Rechazado su planteo, la fiscalía los volverá a acusar como paso previo para ir a juicio.

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A la hora de tomar la decisión, el magistrado tuvo en cuenta el deber de “atender el interés de la víctima”, que en el caso que se ventila, el joven Sebastián Grangetto expresó su voluntad de que vayan a juicio.

Gómez advirtió que el rol de la víctima, en todo el proceso penal, “ha sido fortalecido en los últimos años, permitiéndole tener una participación y opinión activa”.

Consideró que los argumentos de la fiscalía fueron “sólidos” y que la defensa no contradijo ninguno de ellos. Uno fue la violencia inusitada que ejercieron los acusados solo para robar un celular; otro, que el estado de salud de la víctima no está claro y que, además, como consecuencia del hecho sufrió daños psicológicos.

Para el magistrado, “no se están vulnerando los derechos de los imputados”, ya que en todo momento pudieron defenderse, como manda el debido proceso penal; y recordó también que la opinión de la fiscalía resulta vinculante para el magistrado, de acuerdo con el artículo 76 bis del Código Penal.

Por lo tanto, como la fiscalía no estuvo de acuerdo con que se suspendiera el juicio y fundó razonablemente su planteo, el juez tampoco podía obviar su posición, ya que es una de las circunstancias que se deben configurar para suspender el juicio.

2 cuotas de 3500 pesos querían pagar los acusados.

El juez Marcelo Gómez descartó que resulte excesivo o arbitrario que los imputados sigan el proceso hasta que se arribe a una sentencia firme que despeje toda duda sobre su situación.

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