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Le negaron la ILE a una nena violada en Santiago del Estero

Se abrió una investigación porque los profesionales además de negar derechos mintieron en la edad gestacional para evitar la interrupción legal. La nena tiene 12 años.

La niña de 12 años fue violada y embarazada, y en el hospital donde se atendió el caso le negaron el derecho de acceder a una la interrupción legal del embarazado. Denuncian que los profesionales mintieron sobre el tiempo de gestación para hacer creer que tenía un tiempo mayor de gestación.

La niña vive en Santiago del Estero, es cartonera y cuenta con un extenso historial de agresiones sexuales desde pequeña. Según reveló el diario Página 12, en esa provincia no se aplican protocolos de atención en casos de aborto permitidos en el Código Penal desde 1921.

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El de 2 abril pasado asistió junto con su mamá a atenderse por dolores abdominales a la Unidad Primaria de Atención Sanitaria (UPA) N° 3, de Villa Griselda, de La Banda. La revisaron y la mandaron a hacerse una ecografía a otro lugar porque no tenían equipamiento. El 6 de abril le hicieron el estudio. En ese entonces, la ecografía dio una edad gestacional de 20 semanas.

La niña y su madre regresaron a la UPA de Villa Griselda y según explicó la referente en Salud Sexual y Reproductiva de Santiago del Estero, nunca le brindaron la consejería en derechos sexuales y reproductivos que se le debería haber garantizado. Es decir, no recibió información completa, adecuada y conforme a su autonomía progresiva contemplada en la Convención sobre Derechos del Niño y el Código Civil y Comercial de la Nación.

Esa consejería debería cubrir aspectos relativos al origen de ese embarazo, los derechos que la asisten, las opciones de acuerdo a la edad gestacional, los riesgos de continuación o interrupción de embarazo, y los apoyos posibles en cada caso. Esta información debe estar científicamente validada, ser oportuna y expresada en términos sencillos.

La médica María de los Ángeles Pereyra, coordinadora de la UPA N° 3 de Villa Griselda, demoró 18 días en informar a las autoridades sanitarias de la provincia sobre el embarazo de la niña, dado a la edad se considera siempre que es producto de violencia sexual.

El informe de Pereyra está fechado el 26 de abril pero llegó al Ministerio de Salud de la provincia dos días después. Allí se informa que a la niña se le constató una gestación de 26 semanas. Es decir, mintió en la edad gestacional, agregándole seis semanas. Además, dice que la niña “refiere haber estado de novia con un joven, y ahora ya no, negando la identidad del mismo”. Y más adelante, detalla: “Con antecedente de transgresión alimentaria, se indica dieta y seguimiento, programándose control obstétrico”. Es decir, se la trata como una mujer embarazada más. Aunque se aclara que “ante la irregular situación de una menor embarazada, se dispone parte a la comisaría del menor y la mujer N° 2”.

Cuando el informe ingresó al Ministerio de Salud, teniendo en cuenta la información notificada por la médica Pereyra, se presumió que la niña ya tenía un embarazo avanzado, que entraba en la semana 30 de gestación, lo cual dificultaba la posibilidad de interrupción legal, confiaron fuentes de la gobernación.

Con ese cuadro, intervino el área de Fortalecimiento Familiar de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y se decidió derivarla a un hospital de mayor complejidad, el Centro Integral de La Banda, la segunda maternidad más importante de la provincia, para que la atendiera un equipo especializado. El 7 de mayo fue con su madre a atenderse y quedó internada por un día para realizarle los estudios necesarios y, con sorpresa, se descubre y constata que, en realidad, cursaba la semana 24 de gestación. Con esa información, se podría haber ofrecido una ILE. Pero el sistema de salud provincial, tampoco respondió a tiempo: ni siquiera se le brindó la consejería adecuada. La mamá, al día siguiente, dijo que tenía que regresar a su casa, donde había dejado a sus hijos pequeños, y firmó el alta voluntaria de su hija.

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