La Muni controlará el uso indebido de tierras productivas

Tiene despacho favorable de los concejales el proyecto de abordaje y fiscalización de los usos no admisibles en el área rural, que remitiera el Ejecutivo municipal al Concejo Deliberante para su tratamiento. La iniciativa involucrará a diversos tipos de emprendimientos, como bases de empresas, oficinas administrativas, depósitos industriales, canchas de fútbol, salones de eventos y asentamientos poblacionales, entre otras muchas instalaciones y dependencias.

La propuesta busca dar un encuadre normativo y las herramientas necesarias para el control del Municipio sobre los emprendimientos, que no deberían haber utilizado tierras dedicadas a la producción pero que hoy no pueden ser desalojados sin más del lugar que ocupan, ni tampoco pueden permanecer y seguir funcionando como si nada, sin la intervención de la comuna.

El despacho de la Comisión de Gobierno, que preside la edil oficialista Lorena Yensen, tuvo el respaldo de Silvana Larralde, titular del CD, y los ediles Inés Parra Martínez, Horacio Pierucci y Flavia Boschi. Solamente el edil Carlos Martínez Larrea, del bloque Pro-Cambia Río Negro, se abstuvo de votar.

Martínez Larrea manifestó este jueves que decidirá su voto final en los días que resten para la sesión en que se evaluará el proyecto y se lo someterá a su respaldo definitivo o su rechazo. Indicó que no le han quedado en claro algunas partes de la iniciativa y, en particular, considera que no están especificadas las pautas que se van a seguir para el seguimiento y fiscalización de cada uno de los emprendimientos que se pretende alcanzar con la normativa.

Y es que gran parte del asunto pasa por que son muchas las actividades y situaciones de diversa índole que se desarrollan o se dan en la zona rural cipoleña y cada una de ellas tendrá que ser abordada en forma particular, lo que no puede dar lugar a tratamientos indebidos o que puedan ser considerados arbitrarios. Ya en el pasado se habían dejado oír voces de eventuales afectados contrarios a controles que podrían no contar con la legalidad requerida.

Oficialmente, en el CD se destaca que la propuesta no contempla la regularización de los usos no permitidos, sino que apunta a revertir los impedimentos hoy vigentes para poder estudiar cada caso y trabajar sobre eventuales mitigaciones.

Al efecto, se impulsa el establecimiento de una tasa de fiscalización y de una multa reiterativa por el daño ocasionado. Los responsables de los emprendimientos tendrán que presentar documentación que dé cuenta de su presencia en la zona rural y los papeles que tengan que ver con las obras construidas, informes o estudios de impacto ambiental y cualquier otro tipo de documento que permita evaluar cada situación particular.