La megabanda se juega su última carta de apelación

Los asaltantes cipoleños siguen presos y cumplen severas penas de 20 y 30 años.

Luego de recibir respuestas negativas del Tribunal de Impugnación, con apenas una rebaja mínima en los montos de penas de prisión, los integrantes de la megabanda de boqueteros de Cipolletti se juegan la última carta con recursos en la instancia federal. En la actualidad, justamente, la parte acusadora se encuentra analizando las presentaciones de la defensa.

La mayoría de los asaltantes no solo recibió penas que no bajan de los 20 años de cárcel, sino que perdió la alternativa de reclamar beneficios como la prisión domiciliaria. Por ejemplo, uno de los líderes, José "Chiqui" Forno, quien era monitoreado con tobillera electrónica, violó las restricciones impuestas por la Justicia y desde el Ministerio Público Fiscal reclamaron su inmediata vuelta a la cárcel. Lo mismo ocurrió con los condenados Oscar Meneses y Pablo Alberto Muñoz, quienes gozaban de un beneficio similar y lo perdieron tras el incumplimiento de las pautas dispuestas por jueces cipoleños.

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Otro de los condenados que no respetó las disposiciones judiciales fue Sandro Gerez Derves, quien luego de enterarse de la declaración de culpabilidad en su contra desapareció del Valle. Un intenso trabajo de la Brigada de Investigaciones permitió ubicarlo en Santa Fe, donde fue detenido.

Con estos antecedentes, los reclamos por ser excarcelados recibieron negativas de parte de los magistrados de los tribunales. Sobre fines de 2019, se llevaron a cabo una serie de audiencias y el pronunciamiento de los jueces coincidió en un mismo punto, que pasa por el peligro de fuga.

De esta forma, y más allá de que no está firme la sentencia, continuarán encarcelados. Asimismo, tanto la fiscalía como la parte querellante se han opuesto firmemente al otorgamiento de cualquier beneficio.

En las próximas semanas, luego del análisis de los recursos por parte de los acusadores, se espera la respuesta definitiva del Superior Tribunal de Justicia rionegrino (STJ), que deberá comunicar si habilita la vía extraordinaria y que será la última alternativa de los asaltantes.

El Tribunal de Impugnación rechazó las impugnaciones de José Forno, Gustavo Iván Curruhuinca, Franco Roberto Cisneroz, Benito Aurelio Pereira Caniullan, Sandro Gerez Derves, Rubén Ariel Acuña, José Rafael Alonso, Gustavo Carlos Roche, Juan José Surber y José Nondedeu.

Los jueces María Rita Custet Llambí, Fernando Zimermmann y Miguel Cardella solo hicieron lugar a la presentación de Roberto Vilches y lo absolvieron.

En el marco del COVID-19, internos e internas de distintos establecimientos penales de Río Negro realizan una importante acción solidaria confeccionando sábanas, toallas y camisolines que serán donados a los hospitales de sus respectivas localidades.

La iniciativa surgió de algunos internos y sus familiares, para colaborar con quienes están realizando los mayores trabajos de prevención del virus. En ese sentido, se indicó que la ayuda podía provenir a través de la confección de estos elementos, de gran utilidad para el funcionamiento de cualquier hospital.

Fue así que se articuló un trabajo entre el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL) y el Servicio Penitenciario Provincial, dependientes del Ministerio de Seguridad y Justicia, para que los internos e internas puedan llevar adelante dicho trabajo.

Desde el IAPL proveyeron de insumos y máquinas de coser a los penales de Viedma, Bariloche, Cipolletti y General Roca, los cuales se encuentran en plena producción de los distintos elementos.

En las impugnaciones, donde la defensa apuntó a la investigación encabezada por la fiscalía cipoleña y la querella, las respuestas del tribunal con asiento en Viedma se limitaron a unas leves rebajas de penas de prisión. Por ejemplo, a Aníbal Meneses, quien de forma inicial había sido condenado a 25 años, se le impuso un castigo de 19. Y Pablo Muñoz pasó de 23 a 20 años.

De acuerdo con fuentes allegadas a la causa, en la vía extraordinaria se insistirá en las supuestas nulidades y elementos de prueba fundamentales como las escuchas telefónicas.

Insistir en las supuestas nulidades

En las impugnaciones, donde la defensa apuntó a la investigación encabezada por la fiscalía cipoleña y la querella, las respuestas del tribunal con asiento en Viedma se limitaron a unas leves rebajas de penas de prisión. Por ejemplo, a Aníbal Meneses, quien de forma inicial había sido condenado a 25 años, se le impuso un castigo de 19. Y Pablo Muñoz pasó de 23 a 20 años.

De acuerdo con fuentes allegadas a la causa, en la vía extraordinaria se insistirá en las supuestas nulidades y elementos de prueba fundamentales como las escuchas telefónicas.

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