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La Justicia renueva reclamo a gobernantes por una toma

Nación, Provincia y Municipio deberán intervenir por el Barrio Obrero A.
La toma Barrio Obrero A surgió en 2009. Hasta ahora
La toma Barrio Obrero A surgió en 2009. Hasta ahora, han resultado infructuosos los intentos de acercar posturas entre las partes enfrentadas.
La Justicia dio nuevo impulso a su decisión de que Nación, Provincia y Municipio intervengan en el conflicto por las tierras del Barrio Obrero A, en busca de una solución consensuada y antes de que se efectivice la orden de desalojo que pesa sobre el lugar.

La medida había sido dispuesta en 2012 por la Cámara de Apelaciones que integraban Jorge Douglas Price, Edgardo Albrieu y Alfredo Pozo, al confirmar el fallo a favor de la recuperación del predio dictada por el juez Alejandro Cabral y Vedia. Más tarde, el Superior Tribunal de Justicia confirmó lo actuado con anterioridad.

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Ahora, como a nivel nacional, provincial y municipal ha habido en los últimos años cambios políticos se volvió a remitir el requerimiento y también se renovó el que corresponde a las partes, esto es, los propietarios, con su referente Carlos Romero, y los ocupantes. En el caso del poder central, la comunicación fue remitida al jefe de Gabinete, Marcos Peña; en el gobierno rionegrino, al gobernador Alberto Weretilneck; y, en la comuna, al intendente Aníbal Tortoriello.

De este modo, las diversas instancias del Estado tendrán que tomar cartas en el asunto aunque, como ocurrió con la primera convocatoria, la lentitud en las decisiones y en la designación de los funcionarios que deberían haber intervenido en la práctica han hecho que el conflicto siga sin solución hasta la actualidad.

"Los representantes del Estado deberán buscar una solución a la ocupación de las tierras. Si no la encuentran, tendrá que seguir adelante el proceso de desalojo". Carlos Romero. Propietario de las tierras del asentamiento Barrio Obrero A

Ayer, fue el propietario Romero quien dio a conocer la novedad, sin ocultar su inquietud por la concreción de lo dispuesto por la Justicia. Recordó, al efecto, las demoras que tuvo la iniciativa la vez pasada y que han llevado a que no se haya podido materializar la participación de los poderes públicos en una salida que evite el desalojo forzoso.

En su opinión, a tenor de la experiencia anterior, los requerimientos formulados a Nación, Provincia y Municipio llevarán al menos todo el año.

Sería útil para la sociedad que esta vez haya el compromiso necesario de las autoridades.

Predisposición para un acuerdo

Carlos Romero, uno de los dueños de las tierras del Barrio Obrero A, manifestó ayer que aguarda "con los brazos abiertos" la posibilidad de que el intendente Aníbal Tortoriello convoque a las partes enfrentadas a sentarse a conversar. Aclaró, sin embargo, que las discusiones deben darse sobre bases serias y con una oferta de compra por parte de los ocupantes que no sea por montos irrelevantes y que no se acercan ni mínimamente a las pretensiones de los dueños.

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