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La inspección en Villa Mascardi le costó al Estado $1,5 millones

Se trata del costo de los viáticos que se pagó a los la Policía en el operativo del 16 de diciembre pasado sumado a otros gastos.

La diligencia de constatación de los daños que provocó la autodenominada comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en un predio de Villa Mascardi, generó una erogación millonaria por parte del gobierno nacional, que debió desembolsar $ 1.200.000 sólo en concepto de viáticos para el personal.

La diligencia judicial se extendió unas cinco horas por el traslado de las fuerzas especiales a Villa Mascardi y todos los preparativos, aunque la fiscal Sylvia Little estuvo apenas 40 minutos en el lugar que está devastado por el accionar de la comunidad.

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El costo total de la operación superó el $ 1.500.000, aunque el 80 por ciento de ese valor fue destinado a la cancelación de los viáticos de los 80 efectivo de la Policía Federal Argentina que participaron del operativo. Además participaron otros 20 efectivos aunque pertenecientes a otras fuerzas federales.

Fuentes incontrastables consultadas por este medio confirmaron que el presupuesto destinado a dicha operación incluyó también gastos variados sin determinar por más de $ 200.000 y más de $ 100.000 fueron destinados al combustible de los 20 vehículos que se utilizaron en el operativo, la mayoría de los cuales provino de otros puntos del país.

La medida dispuesta por el Juzgado Federal de Bariloche tenía como objetivo verificar los daños que los mapuches causaron en el ex hotel Mascardi, donde iba a funcionar la escuela de Guardaparques, el cual fue usurpado y destrozado por los “encapuchados” tiempo atrás.

El edificio está desmantelado y en las paredes figuran inscripciones mapuches, con mensajes de reivindicación, simbología y otros escritos.

Dicha diligencia se encuadra en una denuncia por usurpación que radicó la Administración de Parques Nacionales. Además hay otras presentaciones similares por las seis hectáreas, donde se instaló inicialmente la agrupación, una por el predio de Gas del Estado y varias más por denuncias que presentaron propietarios privados.

El operativo se realizó el 16 de diciembre, oportunidad en la que se utilizaron tanquetas anti tumulto, camiones hidrantes, equipos de comunicación, gabinetes criminalísticos y otros recursos para proceder a la constatación.

La fiscal Little ingresó al lugar a bordo de un vehículo oficial que fue custodiado por una de las tanquetas blindadas que el Gobierno Nacional recibió del gobierno Chino, en el marco del operativo de seguridad para el desarrollo del G20.

Semejante movilización de móviles y recursos llamó la atención y permitió especular en la posibilidad de un desalojo, aunque el objetivo era únicamente ingresar al lugar y constatar la situación actual.

Incluso trascendió que la Justicia solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación realizar una diligencia de allanamiento al día siguiente de dicha constatación, aunque la respuesta de la fuerza fue negativa ya que a pesar de contar con todo ese equipamiento, aseguraron que no estaban dadas las condiciones de seguridad.

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