La fiscalía pide que el ex intendente Juan Reggioni sea declarado culpable

Para el fiscal Guillermo Merlo, el ex jefe comunal y otros tres imputados intentaron apropiarse de un terreno en un loteo social. Las defensas abogaron por la absolución de los cuatro acusados.

Durante la audiencia de presentación de alegatos, la fiscalía solicitó que el ex intendente de Fernández Oro y los otros tres imputados sean considerados culpables por intentar apropiarse de un terreno en un loteo social. Las defensas, por su parte, abogaron por la absolución de los cuatro acusados.

A la hora de valorar las evidencias recabadas, el fiscal Guillermo Merlo recordó que las pruebas podrían se categorizadas de tres maneras: en testimonios, en documentos públicos y en confesionales.

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Respecto de la primeras, destacó el testimonio de la víctima y del inquilino de la vivienda ubicada en el lugar. Al respecto, señaló que la víctima se encontraba en una doble situación de vulnerabilidad en principio por tratarse de una mujer en situación económica muy precaria y con hijos a su cargo y, en segundo lugar, porque sufre afecciones en su salud. Este último punto fue confirmado por la psicóloga forense del Poder Judicial.

Tiempo después de resultar adjudicada, una mujer – que se encuentra acusada – se contactó con ella para que le ceda el terreno del cual resultaba adjudicataria, en un loteo de tipo social que tiene como objetivo garantizar el acceso a la tierra a personas de escasos recursos. Por una disposición municipal, el terreno no podía ser vendido hasta tres años después de ser escriturado, por lo que la víctima – quien aseguró que no podía pagar el terreno y que no conocía las restricciones para la venta - extendió un poder especial en favor de la mujer.

Posteriormente, ese poder especial fue sustituido, quedando como apoderado de la mujer el hijo del ex intendente. Este último escrituró el terreno suscribiendo la escritura junto a su padre, quien actuaba como representante del Municipio de Fernández Oro. En el lugar se construyó una vivienda que tiempo después fue alquilada por la esposa del ex jefe comunal.

Cabe señalar que la víctima en ningún momento tomó conocimiento que el terreno había sido escriturado a su nombre, ni que se había construido una vivienda y mucho menos recibió el pago de los mencionados alquileres, pese a que en términos legales el terreno sería suyo.

Todo lo anterior fue explicado por la denunciante, el inquilino de la vivienda y por el actual intendente de Fernández Oro y el asesor legal del Municipio.

Más allá de los testimonios, tanto las escrituras de los poderes especiales, la sustitución del mismo, los contratos de alquiler y los recibos de pago fueron incorporados como documentales.

Un audio de una grabación de una conversación entre el inquilino y el ex intendente de Fernández Oro funcionó – según la fiscalía – como prueba confesional. Durante la charla, habría confesado que había adquirido el terreno por $60 mil y que pensaba escriturarlo en favor del su hijo para posteriormente registrarlo como bien de familia. Además, menciona distintos pormenores del convenio de renta de la vivienda.

“Hemos probado todos los extremos de la acusación y es por eso que solicito que los acusados sean declarados culpables”, sostuvo Merlo.

En base a todo lo anterior, los fiscales solicitaron que los imputados sean declarados culpables del delito de negociación incompatible con la función pública. En el caso del ex intendente en carácter de autor, mientras que para su hijo, su esposa y la restante imputada, en grado de partícipe necesarios. Respecto de la pareja del intendente, también se solicitó la declaración de culpabilidad por el delito de estelionato.

Las defensas solicitaron la absolución

Tal como lo hubieran anticipado en sus alegatos de apertura, los defensores solicitaron la absolución de los imputados.

Pablo Barrionuevo, abogado defensor de la primera mujer en comprar el terreno, consideró que su cliente debía se declarada no culpable por hallarse prescripta la acción penal en su contra. Además, argumentó que quedó probado que su cliente no tuvo la intención de cometer el delito que se le imputa por lo que su conducta resultaría atípica. El defensor particular, Antonio Barrera Nicholson, consideró que los hechos llevados a juicio no encuadran en figura penal y que no se habían probado los extremos de la acusación e insistió en que la causa tuvo un armado político.

La defensora pública, Silvana Ayenao, por su parte, asistente técnica del hijo del ex jefe comunal, sostuvo que el hombre desconocía las prohibiciones para la adquisición del lote y que fue “utilizado” para realizar esta maniobra. En consecuencia solicitó que sea declarado no culpable.

El Juez de Juicio, Álvaro Meynet, quien integra el Tribunal unipersonal que interviene en el caso, adelantó que su veredicto se conocerá el próximo martes al mediodía en la sede judicial de España y Urquiza.

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