La campaña contra la suba del boleto abrió otra grieta

La polémica que generó la iniciativa popular de vetar el último aumento del colectivo urbano no abandona el recinto del Concejo Deliberante. María Elisa Lazzaretti, quien ha sido el blanco de las últimas críticas al afirmar por sí sola que no se puede dar curso al proyecto si no reúne la cantidad de firmas necesarias, advirtió ayer que mientras ella se hace cargo de su rol de presidenta, nadie quiere poner el pecho a las balas en este tema. En la sesión se presentaron dos proyectos diferentes para reglamentar la iniciativa popular.

“No deberíamos contestar nada porque las firmas no representan el 10 por ciento del padrón, pero atento a que los vecinos insisten, y como iniciativa popular es absolutamente válida, daremos una respuesta. Tenemos tiempo hasta el próximo 8 de agosto, y será un gesto de buena voluntad, de apertura al diálogo, porque la realidad es que no estamos obligados a hacerlo”, explicó.

Los concejales María Eugenia Villarroel y Miguel Aninao habían solicitado por escrito que explique los motivos por los cuales no envió el expediente a la comisión de Labor Parlamentaria, como ocurre con todos los proyectos que ingresan al Deliberante.

En diálogo con LM Cipolletti, Lazzaretti comentó que en los términos en que fue presentado no tenía asidero, porque no cumple con lo exigido por Carta Orgánica.

Sin embargo, como el debate persiste, dijo que no descarta hacerlo para cerrar de una vez este tema con los concejales. Y aclaró: “Que me haya llegado a mí el expediente y me haya ocupado de verificar la cantidad de firmas, no significa que no lo puedan hacer los otros concejales. El expediente no lo tengo escondido, está a disposición en la secretaría legislativa”.

Aninao consideró que todo proyecto que ingresa a mesa de entrada debe pasar por Labor Parlamentaria y ahí determinar si es viable o no. Por eso solicitó a Lazzaretti que aclare el proceso administrativo que ha tenido el expediente.

Ayer, en la sesión ordinaria, el referente del PJ local, Santiago Varela, asistió en calidad de vecino para preguntar justamente qué iban a hacer con el pedido presentado para que den curso a la iniciativa popular, cómo la iban a implementar. Preguntó también por qué no había entrado a Labor Parlamentaria.

La concejal Villarroel, en tanto, advirtió que hay un vacío legal para reglamentar la iniciativa. En medio de la polémica, la buena noticia es que al advertir que los artículos de la Carta Orgánica son ambiguos sobreel cómo implementar este mecanismo de participación ciudadana, tanto Aninao como Lazzaretti presentaron su propio proyecto de reglamentación.

“Lo que siempre quisimos es que nos escuchen. Esto no es un capricho, una cuestión personal ni política”, dijo Varela. Y Lazzaretti contestó: “Estoy todos los días en el Municipio, mañana, tarde y noche, pueden venir a consultarme todas las veces que quieran”. Al término de la sesión, Varela aseguró: “Tenemos las firmas que dicen que faltan y veremos si las quieren recibir.

14 días se tomaría el Deliberante para responder por el caso Pehuenche.

10% La cantidad de firmas del padrón que hay que juntar

Es el único requisito claro del proceso de iniciativa popular que activó un grupo de vecinos. Como el expediente se trabó en el Concejo, ahora hay dos proyectos para reglamentar el proceso.

Las sesiones son para todos

En la sesión de ayer, el Concejo Deliberante incorporó un traductor de lengua de señas para que las personas hipoacúsicas puedan seguir el debate. La iniciativa forma parte de una serie de medidas para hacer más accesibles los debates del Concejo. Además de la incorporación de un traductor de señas se abrieron nuevos canales en redes sociales (@ConcejoDelibera y el facebook Concejo Deliberante de Cipolletti), y desde la próxima sesión las audiencias se transmitirán en vivo por Youtube. Estaba previsto que se emitiera la de ayer, pero hubo problemas técnicos.

Lazzaretti, en pie de guerra contra sus críticos

Los dimes y diretes que desató la aprobación del último aumento en el boleto de colectivo fueron más allá de la escena pública y algunos funcionarios se vieron seriamente afectados en su buen nombre y honor.

Tan es así que la presidenta del cuerpo legislativo, María Elisa Lazzaretti, dijo que es probable que acuda a la Justicia por las injurias que manifestó en su contra la vecina Cristina Rodríguez, una de las impulsoras de la juntada de firmas.

Dijo que la trató de corrupta al decir que estaba “entongada con Pehuenche”; y en la sesión no pasó por alto estas manifestaciones. Aprovechó que se encontraba presente su compañero en la cruzada contra el tarifazo, Santiago Varela, y le manifestó: “Me hubiese gustado que si ponía en duda mi honestidad, lo haga personalmente, en lugar de injuriarme en los medios de comunicación como lo hizo”.

Aseguró que la perjudica en su moral y a que a su edad no va a permitir que “gratuitamente la ensucien”. Por eso comentó que ya le envió una carta documento y está dispuesta a dirimir este conflicto a través de la vía judicial.

Además, Lazzaretti arremetió contra una página web anónima de un grupo de vecinos cipoleños a los que calificó de “cobardes”, en la que no se salva ningún funcionario. “Esto es de una bajeza muy grande, es terrorismo de Estado con la lengua y en los medios. Y no le hace bien a la democracia. Así no construimos nada”, sentenció con una llamativa comparación.

El sitio en cuestión es un perfil anónimo en Facebook que ya ha motivado quejas públicas de otros funcionarios municipales, incluido el propio intendente Aníbal Tortoriello.